La jueza titular del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria para casos de Corrupción de Funcionarios de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, Janet Lastra Ramírez, dispuso el enjuiciamiento del expresidente del Gobierno Regional de Arequipa, Juan Manuel Guillén Benavides y otros ex funcionarios regionales por la presunta comisión del delito de colusión al haber ejecutado un proyecto de Educación que habría generado perjuicios económicos por más de un millón 464 mil soles.
La jueza concluyó el control de acusación y declaró saneado este nuevo proceso en contra Guillén Benavides; además para los ex funcionarios públicos Sarah Peña Dávila, Magdalena Talavera Trelles y Juan Manuel Carpio Sánchez en calidad de autores del delito de colusión y en calidad de cómplices a Augusto Reyes Valle (representante de la Derrama Magisterial). Así como de Lida Villanueva Paredes y Pedro Flores Melgar, representantes del SUTEP base Arequipa.
El Ministerio Público, acusó a los ex funcionarios por la ejecución del proyecto denominado, “Plan de Implementación del Proyecto de Mejoramiento de la Calidad Educativa a través del Diseño Curricular para la Región Arequipa”, que habría permitido facilitar la contratación directa de personal propuesto por el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú, lo cual habría generado el uso irregular de recursos públicos en gastos de operaciones propios del sector Educación, generando un perjuicio económico de 1 millón 464 mil 373 soles.
Para tal efecto, se habría firmado un convenio interinstitucional entre la Derrama Magisterial y el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación en el Perú- Arequipa, por medio del cual se delegó la formulación del diseño curricular regional; no obstante esta actividad sería función permanente del Ministerio de Educación y a la Gerencia Regional de Educación.
La Fiscalía, ha solicitado una pena de 1 año y 6 meses para Juan Manuel Guillén Benavides; 4 años y 6 meses para el resto de implicados. Además, solicitó la inhabilitación para ejercer cargo público por un año y seis meses y el pago de una reparación civil de 1 millón 964 mil 373. 60 soles.