El Poder Judicial del Perú ha presentado al Congreso el Proyecto de Ley N.° 11959‑2024‑PJ, con el propósito de revertir las modificaciones introducidas a la Ley contra el Crimen Organizado y al artículo 317 del Código Penal mediante las leyes 32108 y 32138. Esta iniciativa busca fortalecer la lucha contra el crimen organizado, reestableciendo herramientas legales eliminadas en reformas previas y adecuando la normativa nacional a los compromisos internacionales adquiridos por el país.
¿Qué busca cambiar el proyecto del Poder Judicial?
El principal objetivo de la propuesta es reforzar la persecución penal contra las organizaciones criminales, eliminando vacíos jurídicos y ampliando la definición legal del delito de crimen organizado. Esto incluye sancionar no solo a quienes integran estas redes, sino también a quienes las promueven, financian o facilitan su expansión.
Uno de los aspectos más relevantes es la reincorporación del verbo “promover” al tipo penal, eliminado en reformas anteriores. Su ausencia dejó fuera de alcance a quienes fomentan la creación o crecimiento de bandas delictivas, lo que va en contra de estándares como los de la Convención de Palermo, tratado internacional que exige penalizar todas las formas de participación en el crimen organizado.
Nueva definición de “organización criminal”
El texto legislativo propone modificar el concepto actual, definiendo a una organización criminal como un grupo de tres o más personas, con permanencia en el tiempo y con el objetivo de cometer delitos graves, reduciendo el umbral penal de 5 a 4 años. Además, se eliminaría la exigencia de que estas organizaciones tengan una “estructura compleja desarrollada”, lo que ampliará el espectro de aplicación legal.
Esto permitirá al sistema judicial actuar contra bandas criminales pequeñas, pero peligrosas, que antes quedaban fuera del alcance legal por no cumplir con ese nivel de organización.
Nuevas agravantes y alcance transnacional
La reforma también incorpora agravantes específicas para castigar con mayor severidad a quienes:
- Lideren o financien estas organizaciones
- Operen desde centros penitenciarios
- Utilicen tecnología avanzada o símbolos criminales
- Participen en redes con alcance internacional
Estos ajustes responden al reconocimiento de que muchas de estas redes delictivas tienen operación transnacional, utilizando rutas, herramientas digitales y estructuras que cruzan fronteras, lo que requiere una cooperación internacional más efectiva y una legislación adaptada a estos desafíos.
Adecuación al derecho internacional
El proyecto del Poder Judicial también busca resolver una contradicción entre las últimas reformas legales y los compromisos internacionales del Perú. Las leyes modificadas en el Congreso limitaron la posibilidad de perseguir delitos como la corrupción, que ahora podrían volver a ser tratados como parte del fenómeno del crimen organizado, según lo exige la Convención de Palermo y otras convenciones contra la corrupción.
Delitos incluidos bajo la nueva propuesta
De aprobarse, quedarían tipificados bajo crimen organizado delitos como:
- Banda criminal
- Extorsión
- Colusión
- Tráfico ilícito de migrantes
- Tráfico de influencias
- Corrupción de funcionarios
Esto ampliaría el margen legal para desarticular estructuras delictivas complejas que actúan desde sectores públicos o privados.
Opinión de especialistas: ¿por qué importa esta reforma?
El abogado penalista Mario Amoretti advirtió que los cambios recientes al Código Penal han debilitado la capacidad del Estado para combatir el crimen organizado, beneficiando incluso a parlamentarios investigados por corrupción. Según dijo a Canal N, la ley actual es “demasiado laxa” y permite que delitos como el enriquecimiento ilícito y la corrupción no reciban el castigo proporcional que exige su gravedad.
Además, criticó que la aplicación desigual de la norma genera impunidad o detenciones arbitrarias, y que la reforma permitiría una acción judicial más clara, justa y técnica.
Riesgos políticos en el Congreso
Uno de los principales desafíos para este proyecto será su paso por el Congreso de la República, donde muchos legisladores se verían potencialmente afectados por una ley más estricta. El proyecto será debatido primero en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, para luego pasar al Pleno del Congreso. De ser aprobado, irá al Ejecutivo para su promulgación.
Amoretti manifestó sus dudas sobre la voluntad política del Congreso actual, dado que algunos de sus miembros tienen vínculos con investigaciones o incluso antecedentes por delitos similares.
Beneficios de la reforma propuesta
Entre las ventajas del proyecto destacan:
- Mayor claridad jurídica, eliminando términos vagos como “estructura compleja”
- Reducción del umbral penal para ampliar el espectro de persecución
- Inclusión de agravantes y delitos de corrupción
- Cumplimiento de tratados internacionales
- Fortalecimiento de la cooperación judicial internacional
- Mejoramiento de la imagen institucional del Perú
Todo ello sin necesidad de crear nuevas instituciones ni invertir recursos adicionales del Estado, ya que se trata de una reforma normativa y no operativa.
El Proyecto de Ley 11959‑2024‑PJ, impulsado por el Poder Judicial del Perú, representa un paso importante en la modernización del marco legal contra el crimen organizado. Con medidas concretas, como la reincorporación del verbo “promover”, la inclusión de nuevos delitos y la adecuación al estándar internacional, se busca cerrar brechas legales que actualmente dificultan la lucha contra el crimen y la corrupción.
Su destino ahora depende del debate en el Congreso y de la voluntad política de priorizar la seguridad ciudadana, el cumplimiento de la ley y la coherencia jurídica del país frente a sus obligaciones internacionales.
