El Poder Judicial de Perú ha declarado nulo el proceso de denuncia constitucional que el Congreso de la República emprendía contra el expremier Salvador del Solar, en una decisión que marca un precedente significativo. La Primera Sala Constitucional de Lima acogió parcialmente la demanda de amparo interpuesta por Del Solar, invalidando así todo el procedimiento de juicio político en su contra.
Esta resolución judicial anula específicamente el procedimiento derivado del Informe de Calificación de las Denuncias Constitucionales N.º 384, 400 y 466. Dicho informe había sido aprobado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso y buscaba sancionar al exministro por su rol en la disolución del Parlamento en 2019.
Tras conocerse el fallo, Salvador del Solar expresó su satisfacción a través de su cuenta personal en redes sociales. “Tarda pero llega. Este caso nunca debió existir”, escribió el exministro de Cultura, enfatizando que las denuncias no debieron ser admitidas a trámite, pues el asunto ya había sido resuelto por el Tribunal Constitucional y el plazo para presentar la acusación ante el Pleno había caducado. “Hoy, la Justicia nos da la razón de forma contundente: todo fue nulo”, sentenció Del Solar, reafirmando su postura sobre la invalidez del proceso.
El abogado de Del Solar, Luciano López, también celebró la decisión judicial. “Felicitaciones, Salvador del Solar. ¡La Primera Sala Constitucional de Lima, integrada por jueces valientes, te dieron la razón!”, manifestó López. Añadió que es una gran satisfacción para su bufete haber patrocinado el caso y logrado este triunfo, concluyendo con un mensaje de esperanza: “Aún hay justicia en el Poder Judicial. Nada está perdido”.
Origen de las acusaciones
Las denuncias constitucionales 384, 400 y 466, que ahora han sido anuladas en el caso de Del Solar, formaban parte de un informe final que proponía severas sanciones no solo para él, sino también para el expresidente Martín Vizcarra y el exministro Vicente Zeballos. Los tres eran acusados de presuntas infracciones a la Constitución Política por acciones vinculadas al cierre del Congreso ocurrido en 2019.
Para Martín Vizcarra, el informe solicitaba una inhabilitación de diez años para ocupar cargos públicos. En el caso de Salvador del Solar y Vicente Zeballos, se planteaba una suspensión de cinco años para ejercer cualquier función pública. Estas propuestas de sanción generaron un amplio debate y controversia en el ámbito político y legal del país.
En abril de este año, Salvador del Solar compareció ante el Congreso de la República para ejercer su defensa frente a la denuncia constitucional. Durante su intervención, el expremier calificó los argumentos presentados por el Parlamento como una “falsedad evidente” y sostuvo que no existían pruebas que sustentaran el pedido de inhabilitación por cinco años. Argumentó que la acusación no solo carecía de veracidad, sino que resultaba inverosímil, ya que no se había presentado ninguna evidencia concreta sobre los hechos que se le imputaban.
Del Solar también criticó la negativa de la Comisión de Acusaciones Constitucionales a recabar pruebas disponibles que, según él, demostrarían que el Poder Ejecutivo únicamente buscaba evitar la imposición de magistrados en el Tribunal Constitucional, lo que fue el detonante de la crisis política de 2019.
Defensa de Vizcarra y críticas al proceso
Durante la misma sesión en la que Del Solar presentó su defensa, el expresidente Martín Vizcarra también se defendió ante el Pleno del Congreso. Vizcarra señaló que las causas en su contra eran parte de una persecución política, una narrativa que ha mantenido en diversos procesos judiciales y parlamentarios.
El exmandatario cuestionó la baja asistencia de legisladores en el debate de un tema de tanta trascendencia y denunció la actuación del Tribunal Constitucional, al que consideró un brazo político y judicial del Parlamento. Vizcarra expresó su confianza en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos revierta las decisiones en su contra, mencionando específicamente los casos vinculados al “Vacunagate” y “Obrainsa”, lo que subraya la complejidad y la interconexión de los procesos legales y políticos que ha enfrentado.