El juez Leodan Cristóbal Ayala evaluará este jueves 25 de julio, el pedido de 36 meses de prisión preventiva que formuló la fiscal Geovana Mori, en contra del ex representante de la empresa Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, en el marco del caso Gasoducto Sur Peruano.
La fiscal del Equipo Especial Lava Jato se sustenta en la presunta participación del ejecutivo brasilero, en calidad de cómplice, en el favorecimiento a la constructora que representaba para que se le adjudicara la obra que se desarrolló en el gobierno del expresidente, Ollanta Humala.
De acuerdo con el auto emitido por la justicia peruana, la audiencia se llevará a cabo en la sede de la Corte Superior Nacional ubicada en el Cercado de Lima. Hasta dicha sede, llegarán la fiscal Mori y César Nakazaki, abogado de Barata Simoes.
El Ministerio Público sostiene que el investigado no ha reconocido los hechos que se le imputan, es decir, no reconoce haber pagado sobornos para asegurar que Odebrecht se haga con la buena pro del Gasoducto Sur.
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Anteriormente, César Nakazaki ya había indicado que su patrocinado no ha reconocido estas acusaciones, ya que sostiene que el pago de USD 3 000 000 a la campaña del Partido Nacionalista se había dado antes de que Humala Tasso fuese funcionario. Según su criterio, esto haría que se caiga el caso.
Incluso, señaló que la primera sentencia del caso Gasoducto ha declarado inocentes a Claudia Hokama, abogada que trabajó para Odebrecht y a Edgar Ramírez de ProInversión, ya que la justicia determinó que la buena pro que se dio a la constructora brasilera fue legal y sus competidores en la licitación fueron legítimamente eliminados.
Esta es la razón por la que la Fiscalía, según Nakazaki, habría pedido prisión preventiva para Jorge Barata y habría pedido que se revoque el acuerdo de colaboración eficaz, pese a los compromisos que firmó en Brasil que establecían que los colaboradores de dicho país no serían procesados ni se usaría las pruebas que den en su contra.