Este martes 21 de enero, el Poder Judicial llevará a cabo una audiencia decisiva para el expresidente Pedro Castillo. En esta sesión, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria evaluará la solicitud de su defensa para que se le reemplace la prisión preventiva por una medida menos severa, como la aplicación de vigilancia electrónica. El exmandatario está siendo investigado por presuntos delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación del orden público, derivados de su controvertida actuación el 7 de diciembre de 2022.
Este pedido de cambio de medida cautelar se produce en el marco de una de las investigaciones más delicadas para la estabilidad política del país. La fiscalía acusa a Castillo de haber intentado quebrantar el orden constitucional, al ordenar la disolución del Congreso, la reorganización del Poder Judicial y del Ministerio Público, y otros actos que, según la acusación, configuran un intento de golpe de Estado. En la tesis fiscal, estas acciones no solo constituyen un atentado contra la democracia, sino una peligrosa alteración del orden constitucional que ha puesto en vilo al país.
En base a estos hechos, el Ministerio Público ha solicitado una condena de 34 años de prisión. La Fiscalía considera que la conducta de Castillo y sus colaboradores refleja un plan deliberado para socavar las instituciones del Estado y reemplazar el orden democrático por un régimen autoritario. La gravedad de los cargos, junto a la complejidad del caso, convierten esta audiencia en un hito dentro de la batalla judicial que involucra al exmandatario.
La resolución que adopte el Poder Judicial este martes no solo definirá el futuro procesal de Pedro Castillo, sino que tendrá implicancias políticas significativas, dado el contexto polarizado que atraviesa el país. De acogerse la solicitud de su defensa, y si se opta por una medida menos restrictiva, se reavivarán las tensiones sobre la legitimidad del proceso y la independencia de la justicia en un Perú que sigue dividido entre el rechazo y la defensa de su expresidente.
En definitiva, lo que está en juego este 21 de enero va más allá de la suerte judicial de Castillo; se trata de un nuevo capítulo en la crisis política que afecta a Perú, con la mirada de la nación puesta en un Poder Judicial que debe mantener su imparcialidad en medio de una tormenta de cuestionamientos.