El Poder Judicial definirá este viernes 19 de diciembre el futuro del caso Cócteles, una de las investigaciones más emblemáticas vinculadas al financiamiento de campañas políticas en el Perú. En audiencia presencial, el juez Wilson Verástegui, de la Corte Superior Nacional, evaluará si corresponde archivar definitivamente el proceso seguido contra Keiko Fujimori y otros dirigentes de Fuerza Popular, por presunto lavado de activos y organización criminal.
La decisión, que se adoptará desde las 9:00 a. m. en la sede judicial de la avenida Tacna, podría marcar un punto de quiebre en los casos derivados del escándalo Lava Jato y tendría repercusiones políticas y judiciales de gran alcance, en pleno escenario preelectoral rumbo a las Elecciones Generales 2026.
¿Qué se investiga en el caso Cócteles?
El caso Cócteles se originó a partir de las investigaciones del Ministerio Público sobre presuntos aportes irregulares a las campañas presidenciales de 2011 y 2016 de Keiko Fujimori. La Fiscalía sostiene que dichos fondos habrían sido recaudados mediante eventos proselitistas simulados —los llamados “cócteles”— con el fin de ocultar el origen real del dinero, parte del cual habría provenido de empresas investigadas por corrupción.
Además de Fujimori, figuran como investigados José Chlimper, Adriana Tarazona y Antonia Gutiérrez, entre otros exdirigentes y colaboradores del partido naranja, quienes también solicitaron el archivo del proceso.
El argumento central: fallo del Tribunal Constitucional
La defensa de los investigados sustenta su pedido de archivo en una reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC), que anuló la acusación fiscal al considerar que no se respetaron principios fundamentales del debido proceso. Según esta interpretación, el fallo del TC dejaría sin sustento jurídico la continuidad de la investigación penal por lavado de activos.
Este criterio ha sido cuestionado por diversos sectores, que advierten que la sentencia del TC no implica automáticamente el cierre total del caso, sino la necesidad de una adecuación procesal. Esa controversia será uno de los ejes centrales de la audiencia de este viernes.
La advertencia de José Domingo Pérez
En declaraciones recientes, el fiscal José Domingo Pérez, integrante del Equipo Especial Lava Jato, subrayó la trascendencia de la decisión judicial. Afirmó que un eventual archivo del caso Cócteles no solo beneficiaría a los investigados, sino que podría debilitar estructuralmente las investigaciones anticorrupción en curso.
Pérez advirtió que este escenario podría abrir la puerta a la desactivación del Equipo Especial Lava Jato, en línea —según señaló— con presiones políticas ejercidas desde el Congreso. “Las consecuencias de esta decisión serán graves para la independencia del Ministerio Público”, sostuvo, al tiempo que alertó sobre un precedente que podría replicarse en otros procesos emblemáticos.
Un juez bajo la lupa
El magistrado Wilson Verástegui no es ajeno a la controversia. En octubre, anunció su intención de inhibirse del caso tras un reportaje periodístico que cuestionaba su imparcialidad. Sin embargo, en noviembre, la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional ordenó que continúe al frente del proceso, devolviéndole la responsabilidad de decidir sobre el futuro del expediente.
Este antecedente añade presión a una audiencia que será seguida con atención por el sistema judicial, la clase política y la opinión pública.
Impacto político y electoral
Más allá del ámbito jurídico, la eventual exclusión de Keiko Fujimori del proceso penal tendría un impacto directo en el tablero político nacional. La lideresa de Fuerza Popular mantiene influencia en el Congreso y su situación judicial ha sido un factor clave en su trayectoria política reciente.
En un contexto de alta polarización y con los comicios de 2026 en el horizonte, la resolución del caso Cócteles podría redefinir equilibrios de poder y reavivar el debate sobre la lucha contra la corrupción, la independencia judicial y el rol del Tribunal Constitucional.
Este viernes 19 de diciembre, el Poder Judicial no solo decidirá sobre un expediente: pondrá a prueba la solidez de uno de los procesos más simbólicos del sistema anticorrupción peruano.