El Poder Judicial de Chile resolvió, en primera instancia, ampliar la extradición del exmandatario Alberto Fujimori por los casos esterilizaciones forzadas, Castro Castro, operativo en la Embajada de Japón, familia Ventocilla y el secuestro de Arturo Moreno y otros.
La resolución judicial a cargo de Andrea Muñoz Sánchez, también precisa que se rechazaron las solicitudes de extradición por 3 casos: suministro ilegal de armas, compra de diarios y la revelación de secretos de Estado.
El caso de esterilizaciones forzadas es considerado un crimen de lesa humanidad, por lo tanto, no cabe su prescripción en el Perú. No obstante, el Congreso busca archivar este y otros casos por medio del proyecto de ley N° 6951.
Como se sabe, entre los años 1996 y 2000 el gobierno de Alberto Fujimori implementó en el Perú la campaña de control demográfico con el fin de reducir los niveles de pobreza en el país.
Más de 270 mil mujeres fueron esterilizadas mediante la ligadura de trompas, un método quirúrgico irreversible. Cifras oficiales indican que más de siete mil de estas mujeres, en su gran mayoría campesinas, indígenas y pobres, fueron esterilizadas contra su voluntad. Manipuladas, engañadas, chantajeadas o llevadas a la fuerza, operadas en condiciones muy precarias e indignas, abandonadas a su suerte y posteriormente olvidadas por el Estado.
Este proceso traumático dejó en ellas secuelas físicas y psicológicas que arrastran aún veinte años después. Para sus esposos y su comunidad son “mujeres enfermas”, siendo estigmatizadas y marginadas por haber perdido sus facultades reproductivas. Son invisibles. Y tal vez por esa invisibilidad es que el Estado peruano, responsable de estos hechos, no ha sido capaz de desarrollar un programa de reparaciones que garantice los derechos de las afectadas.