El Pleno del Congreso tendrá hoy jueves 4 uno de los debates más sensibles para el sector extractivo: la votación del dictamen que amplía el plazo del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) hasta el 2027, iniciativa priorizada en la Junta de Portavoces a pedido de la bancada Podemos Perú. La medida llega en un contexto de fuertes tensiones sociales, protestas en regiones productivas y un sistema de formalización que no termina de consolidarse.
El líder de Podemos, José Luna Gálvez, adelantó que el objetivo es responder a la demanda de miles de mineros artesanales y ancestrales que, según afirma, necesitan más tiempo para culminar un proceso “que el propio Estado mantiene trabado”. El dictamen proviene de la Comisión de Energía y Minas e incorpora modificaciones para corregir exclusiones derivadas del Decreto Legislativo 1293, norma que dejó fuera a más de 50 mil trabajadores mineros.
Plazo clave para la formalización minera
¿Cuántos mineros serían beneficiados con la ampliación?
La ampliación del REINFO —que actualmente expira en 2025— permitiría que pequeños productores y mineros artesanales mantengan su estatus de formalización en trámite. Para Luna Gálvez, la extensión es “necesaria” porque no existe un plan estatal que enfrente la problemática minera de fondo, y advierte que la negativa a abordar el tema ha permitido el avance de la informalidad y la criminalidad en regiones del sur y oriente.
El congresista sostiene que el país requiere una nueva ley de minería, que reconozca la posesión ancestral, revise la administración de concesiones ociosas y reorganice el sector bajo criterios técnicos y territoriales. La discusión se da, además, en una semana marcada por los bloqueos en la Panamericana Sur en Arequipa, donde mineros informales reclaman justamente la ampliación del REINFO.
Un diagnóstico que el Estado aún no realiza
¿Por qué piden un censo minero nacional?
Luna Gálvez insistió en que una solución real pasa por un censo minero nacional que permita saber cuántas familias dependen de esta actividad, dónde operan y qué condiciones tienen. Esta información, sostiene, debe ser levantada por el Ingemmet, el Viceministerio de Minas y el INEI de manera articulada.
El levantamiento de datos también permitiría distinguir con precisión las operaciones de grandes compañías formales, así como ubicar a mineros medianos, pequeños y ancestrales. Con esta radiografía, el Congreso y el Ejecutivo podrían diseñar políticas diferenciadas, una deuda histórica que hasta hoy no se ha cumplido.
Diálogo y reforma pendiente
¿Qué cambios estructurales aún falta aprobar?
El vocero de Podemos considera imprescindible que, luego del censo, se instale una mesa de diálogo nacional con todos los actores: mineros artesanales, empresas formales, Estado, comunidades y gobiernos locales. El objetivo sería alcanzar consensos que permitan avanzar en una reforma integral y sostenible.
En el Congreso, la expectativa está puesta en la sesión plenaria que definirá si el plazo se amplía o no. Para las regiones donde se concentra la pequeña minería, el voto de esta semana tendrá impacto directo en su continuidad productiva y en la estabilidad social. La discusión promete ser determinante en un sector que desde hace más de una década transita entre la formalización, la precariedad y la conflictividad.