El Poder Judicial declaró improcedente el hábeas corpus presentado por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), con el que buscaba anular la alerta migratoria que le impidió viajar a Miami el pasado 7 de junio. El objetivo del viaje, según su defensa, era asistir a una cita médica y reencontrarse con su esposa, a quien no ve desde hace siete años.
El Segundo Juzgado Constitucional de Lima, a cargo del juez Jonathan Valencia López, determinó que la solicitud carece de fundamento, debido a que ya existe una orden judicial de impedimento de salida del país, emitida el 8 de junio por la jueza Margarita Salcedo, en el marco de una investigación del Ministerio Público.
¿Por qué se rechazó el hábeas corpus?
El recurso fue presentado el 9 de junio, un día después de que la jueza Salcedo dictara la orden de impedimento por 18 meses. El juez Valencia explicó que el impedimento no es una medida arbitraria, sino una decisión judicial formal derivada de una investigación preparatoria por presuntos aportes irregulares durante la campaña presidencial de PPK en 2016.
La defensa del exmandatario cuestionaba una notificación de Migraciones, alegando que la alerta vulneraba sus derechos de tránsito. Sin embargo, la justicia consideró que dicha alerta era una consecuencia directa de la resolución judicial, y por tanto, no procede el hábeas corpus como mecanismo de defensa en este caso.
¿Qué investigación enfrenta Pedro Pablo Kuczynski?
PPK es investigado por el presunto delito de financiamiento ilegal de campañas electorales, relacionado con aportes económicos no declarados que habría recibido en su candidatura de 2016. La Fiscalía solicitó restricciones como parte del proceso de diligencias fiscales en curso.
¿Qué pasará con PPK?
Mientras dure el impedimento de salida, Kuczynski deberá permanecer en el país. Su defensa podría presentar una apelación a la resolución que rechazó el hábeas corpus, aunque la medida judicial restrictiva permanece vigente.
Este caso se suma a otras investigaciones en curso por financiamiento político en el Perú, y refleja el mayor escrutinio judicial sobre exautoridades y líderes políticos vinculados a presuntas irregularidades electorales.