El Poder Judicial confirmó la autorización para levantar el secreto bancario del expresidente Pedro Castillo y de un grupo de congresistas investigados por el caso conocido como Los Niños, una presunta red de organización criminal y tráfico de influencias que habría operado durante su gobierno. La decisión marca un nuevo hito en una de las investigaciones más sensibles que involucran al exmandatario y al Parlamento.
La resolución fue adoptada por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que declaró infundado el recurso de apelación presentado por la congresista Silvia Monteza, quien buscaba dejar sin efecto la orden emitida en abril de 2025 por el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley. Con ello, queda firme la medida que permite al Ministerio Público acceder a información bancaria clave para el desarrollo del caso.
Una medida clave en la investigación fiscal
El levantamiento del secreto bancario comprende el periodo entre el 21 de julio de 2021 y el 31 de diciembre de 2022, es decir, los meses centrales del gobierno de Pedro Castillo. Según la Fiscalía de la Nación, este acceso permitirá determinar si existieron movimientos financieros irregulares vinculados a los presuntos actos de corrupción que se investigan.
El área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales del Ministerio Público había solicitado esta medida al considerar que existen suficientes elementos de convicción para sostener una sospecha razonable sobre la comisión de delitos. El tribunal supremo respaldó esta postura y subrayó que la información bancaria es idónea, necesaria y proporcional para esclarecer los hechos.
El argumento de la inmunidad parlamentaria
En su recurso de apelación, la defensa de Silvia Monteza sostuvo que la resolución vulneraba la inmunidad parlamentaria y el procedimiento especial para investigar a altos funcionarios. Además, alegó que la Fiscalía no contaba con autorización previa del Congreso de la República y que la medida no superaba el test constitucional de proporcionalidad.
Sin embargo, la Corte Suprema fue categórica al rechazar estos argumentos. El colegiado señaló que la condición de congresista no impide que una persona sea investigada por presuntos hechos delictivos y que ello no contraviene ninguna norma constitucional ni legal. “Alegar que por su condición de congresista la recurrente no es pasible de investigación carece de asidero legal”, precisó la resolución.
La posición del tribunal supremo
El fallo enfatiza que la apelante no logró demostrar que la resolución impugnada incurra en los agravios señalados. Por el contrario, la sala concluyó que los fundamentos del juez supremo Checkley se mantienen sólidos y ajustados a derecho, por lo que correspondía ratificar la decisión venida en grado.
Asimismo, el tribunal remarcó que el levantamiento del secreto bancario no constituye una sanción ni un adelanto de pena, sino una medida de investigación destinada a confirmar o descartar las imputaciones formuladas por la Fiscalía. En ese sentido, se trata de un paso procesal relevante, pero no definitivo.
El caso Los Niños y la denuncia constitucional
El 25 de julio de 2025, la Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional ante el Congreso contra Pedro Castillo y varios congresistas, entre ellos Silvia Monteza, por los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias en agravio del Estado. Según la tesis fiscal, este grupo parlamentario habría integrado una red conocida como Los Niños.
De acuerdo con la acusación, dicha organización habría sido encabezada por el entonces presidente Pedro Castillo y habría operado ofreciendo favores políticos a cambio de respaldo parlamentario. Entre estos favores se incluiría la designación o control de ministerios y entidades públicas descentralizadas, así como la asignación de cuotas de poder en el aparato estatal.
Intercambio de favores y votos clave
La Fiscalía sostiene que los congresistas investigados habrían ofrecido votar en contra de mociones de vacancia y censura, así como a favor de cuestiones de confianza planteadas por el Ejecutivo, a cambio de beneficios políticos y administrativos. Este presunto intercambio de favores es uno de los ejes centrales de la investigación y podría explicar la relación entre el Ejecutivo y ciertos sectores del Congreso durante el mandato de Castillo.
En ese contexto, el acceso a la información financiera resulta clave para determinar si existieron beneficios económicos directos o indirectos derivados de estas supuestas negociaciones políticas.
Impacto político y judicial
La confirmación del levantamiento del secreto bancario profundiza el cerco judicial sobre el expresidente y reaviva el debate sobre la corrupción en las más altas esferas del poder. Para el Ministerio Público, esta decisión refuerza la legitimidad de su investigación y le otorga herramientas concretas para avanzar en el esclarecimiento de los hechos.
Desde el ámbito político, el caso vuelve a colocar bajo presión al Congreso, en un momento en que la credibilidad de las instituciones sigue siendo uno de los principales problemas del país. El desarrollo de esta investigación podría tener repercusiones tanto en el plano judicial como en el escenario político nacional.
Un proceso aún en curso
Si bien la medida ha sido ratificada, el proceso se encuentra en una etapa investigativa. El levantamiento del secreto bancario permitirá recopilar información que deberá ser analizada y contrastada con otros elementos probatorios. Solo tras ello la Fiscalía podrá definir si formula acusaciones formales o archiva el caso.
Por ahora, la decisión del Poder Judicial confirma que el caso Los Niños sigue avanzando y que Pedro Castillo permanece bajo la lupa financiera, en una investigación que podría marcar un precedente sobre la responsabilidad penal de exautoridades y parlamentarios.