El Poder Judicial exhortó a la Policía Nacional del Perú (PNP) a trasladar obligatoriamente a todos los detenidos por delito en flagrancia hacia las Unidades de Flagrancia Delictiva, con el fin de garantizar procesos inmediatos y sanciones oportunas frente a la criminalidad. El llamado se realizó durante una mesa de trabajo interinstitucional que reunió a cerca de 80 jefes policiales de la región Lima en el Palacio de Justicia.
La invocación fue formulada por Carlos Zavaleta Grández, representante alterno del Consejo Nacional de Justicia Especializada en Flagrancia Delictiva e integrante del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ), quien remarcó que el cumplimiento de esta disposición legal es ineludible.
Brecha alarmante en el tratamiento de detenciones
Durante la sesión se expusieron cifras que evidencian una grave brecha en la aplicación del proceso inmediato. En 2025, se registraron más de 230 mil detenciones por flagrancia a nivel nacional; sin embargo, solo 32 mil casos ingresaron a las Unidades de Flagrancia. Esto implica que casi 200 mil detenidos no fueron procesados bajo el marco legal diseñado para sanciones rápidas.
Según el Poder Judicial, esta situación debilita la lucha contra la inseguridad ciudadana, al retrasar decisiones judiciales y permitir que casos evidentes no reciban una respuesta penal inmediata.
“No deben ir a comisarías”
Zavaleta Grández fue enfático al señalar que los detenidos por delito evidente no deben ser derivados a comisarías, sino a las unidades especializadas creadas para este tipo de casos. “Los detenidos en flagrancia tienen que ir a las unidades de flagrancia y no a las comisarías, en cumplimiento de lo que la ley dispone”, subrayó ante los mandos policiales.
El magistrado recordó que estas unidades concentran en un solo espacio físico a jueces, fiscales, defensa pública y Policía, lo que permite decisiones rápidas y coordinadas.
Coordinación interinstitucional frente al delito
La mesa de trabajo se realizó en cumplimiento de los acuerdos de la primera sesión del 2026 del Consejo Nacional de Justicia Especializada en Flagrancia Delictiva, integrado por el Poder Judicial, la PNP, el Ministerio Público, los ministerios del Interior y Economía y Finanzas, así como el INPE.
Durante el encuentro se abordaron también temas clave como la sistematización de la información de detenidos, la necesidad de capacitaciones permanentes para efectivos policiales y el fortalecimiento operativo de las unidades de flagrancia como respuesta eficaz frente al crimen.
Propuesta de unidad supranacional
Uno de los anuncios más relevantes fue la propuesta de crear una Unidad de Flagrancia Delictiva Supranacional de Respuesta Inmediata, orientada a enfrentar delitos de alta complejidad. Según adelantó Zavaleta Grández, esta nueva unidad se encargaría de casos de extorsión, sicariato, tráfico ilícito de drogas, criminalidad organizada, así como corrupción de funcionarios y feminicidio, siempre que se presenten en flagrancia o bajo proceso inmediato.
La iniciativa busca reforzar la capacidad del sistema judicial frente a delitos que generan mayor impacto social y sensación de inseguridad.
Resultados y expansión del sistema
En la sesión, el secretario técnico del Consejo, Édman Rodríguez Vásquez, presentó un balance del funcionamiento de las unidades de flagrancia durante 2025. Destacó que estas alcanzaron una capacidad de resolución del 92,97 % y que el 92,35 % de las decisiones se emitieron en la primera audiencia, cifras que reflejan la eficiencia del modelo.
Asimismo, se informó que hasta la fecha se han implementado 38 Unidades de Flagrancia en todo el país: 15 unidades modelo y 23 piloto, compromiso cumplido por la gestión del presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo —en referencia a la gestión institucional liderada por Tello Gilardi en el consejo—.
Nuevas unidades modelo y presupuesto
Entre los acuerdos del Consejo para este año figura la conversión de nueve unidades piloto en unidades modelo, ubicadas en Lima Centro, Lima Sur, Callao, Puente Piedra–Ventanilla, Amazonas, San Martín, Puno, Madre de Dios y Loreto. Además, se acordó organizar mesas técnicas para calcular los recursos necesarios y remitir al MEF una solicitud de ampliación presupuestaria.
De manera complementaria, se evaluará la implementación piloto del SIGEF, el Sistema Integrado para la Gestión Electrónica en Flagrancia, herramienta que permitirá mejorar el seguimiento y la trazabilidad de los casos.
Compromiso frente a la inseguridad
El Poder Judicial reiteró que el fortalecimiento de las Unidades de Flagrancia es una pieza clave en la estrategia contra la delincuencia. En las unidades modelo, juezas y jueces trabajan con dedicación exclusiva, mientras que en las piloto combinan estas funciones con otros procesos.
Las autoridades coincidieron en que una correcta derivación de los detenidos por flagrancia permitirá sanciones rápidas, reducirá la impunidad y reforzará la confianza ciudadana en el sistema de justicia.