El Poder Judicial evalúa este jueves 30 de abril el pedido de impedimento de salida del país por 18 meses contra Piero Corvetto, exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). En el marco de una investigación por presuntas irregularidades en las Elecciones 2026.
La solicitud fue presentada por el Ministerio Público, que busca asegurar la permanencia de Corvetto mientras avanzan las diligencias por los delitos de colusión agravada y omisión de actos funcionales.
¿Por qué piden impedir su salida del país?
El principal argumento de la Fiscalía es el riesgo de fuga. Durante un allanamiento realizado el 24 de abril en su vivienda en Miraflores, se hallaron documentos de viaje. Entre ellos un pasaporte peruano vigente hasta agosto de 2026.
Según el requerimiento fiscal, aunque Piero Corvetto entregó pasaportes de Perú e Italia, existiría otro documento que podría facilitar su salida del país, lo que sustenta la medida restrictiva.
El pedido también alcanza a otros implicados, como José Samamé Blas, exgerente de Gestión Electoral de la ONPE; Juan Phang, subgerente suspendido de Producción Electoral de la ONPE; y Juan Alvarado, representante de la empresa Servicios Generales Galaga.
¿En qué consiste la actual investigación contra Piero Corvetto?
El caso se centra en la contratación del servicio de transporte de material electoral a nivel nacional, clave para el despliegue y repliegue en los comicios del 12 de abril.
De acuerdo con la Fiscalía, se investiga una presunta concertación del 19 de marzo de 2026 entre la ONPE y la empresa Servicios Generales Galaga S.A.C., correspondiente a un servicio valorado en S/ 6,368,332.70. Este monto refleja la importancia y la magnitud del servicio de transporte de material electoral que se ejecutó durante las elecciones generales.
El cuestionamiento apunta a la evaluación técnica de las propuestas. En el documento fiscal se critica cómo se evaluó la capacidad de los vehículos que fueron propuestos por las empresas para este servicio.
Según las bases del proceso, los vehículos debían tener una capacidad mínima de 10 metros cúbicos. Sin embargo, el comité evaluador aplicó un criterio adicional que no estaba claramente estipulado en las normativas. Esto consistió en descontar dos metros de la cabina del vehículo para determinar la carga útil. De acuerdo con la Fiscalía, esto podría haber alterado los resultados del proceso de evaluación.
En la evaluación técnica, Hermes Transportes Blindados S.A. obtuvo 20 puntos tras validar 42 unidades, mientras que Servicios Generales Galaga alcanzó 50 puntos. Esta última empresa lideró la evaluación técnica con una puntuación de 97.78, frente a los 77.54 de Hermes, aunque en el análisis económico, Hermes presentó una mejor propuesta.
Nueva defensa legal antes de la audiencia
En la antesala de la audiencia, Piero Corvetto cambió de defensa. El estudio Arbizu & Gamarra asumió su representación tras la renuncia de su anterior abogado.
A través de un comunicado en sus redes sociales, el bufete, integrado por los exprocuradores Julio Arbizu y Ronald Gamarra, expresó su convicción sobre la necesidad de resguardar los derechos fundamentales de su patrocinado y asegurar el estricto cumplimiento del debido proceso. Enfatizaron que su labor será estrictamente técnica, buscando evitar que las medidas restrictivas se utilicen como un castigo previo sin una sentencia firme.
La renuncia de Ricardo Sánchez Carranza, por motivos personales, fue presentada formalmente el martes anterior ante el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima. Esta decisión dejó el camino abierto para la incorporación del nuevo equipo legal.