El Gobierno del presidente José María Balcázar declaró el estado de emergencia por 60 días en la provincia de Pisco, en la región Ica, con el objetivo de fortalecer las acciones de seguridad ciudadana frente al incremento de la criminalidad.
La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 038-2026-PCM, publicado en el boletín de normas legales del Diario Oficial El Peruano.
Durante el periodo de emergencia, la Policía Nacional del Perú mantendrá el control del orden interno con apoyo de las Fuerzas Armadas del Perú, que participarán en operativos conjuntos para reforzar la vigilancia y el patrullaje en zonas consideradas críticas.
Suspensión de derechos constitucionales durante la emergencia
Como parte de la declaratoria de emergencia, el decreto establece la restricción o suspensión de algunos derechos constitucionales en la provincia de Pisco.
Entre ellos se encuentran la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personales, medidas que suelen aplicarse en situaciones excepcionales para facilitar las operaciones de control del orden público.
Estas disposiciones permiten a las autoridades realizar intervenciones policiales más rápidas y ejecutar operativos de seguridad sin los procedimientos habituales en contextos normales.
Control de actividades públicas y eventos masivos
El decreto también establece que las actividades religiosas, culturales, deportivas o eventos públicos de carácter masivo deberán contar con autorización previa de las autoridades competentes.
En cambio, las actividades que no tengan carácter masivo podrán realizarse sin necesidad de solicitar permisos especiales.
La medida busca evitar concentraciones que puedan generar situaciones de riesgo o dificultar las labores de control de las fuerzas del orden.
Patrullaje intensivo y operativos de control en zonas críticas
Durante el estado de emergencia, las fuerzas integradas realizarán operativos de control territorial en las zonas con mayor incidencia delictiva.
Las acciones incluirán patrullaje permanente y aleatorio, patrullaje disuasivo motorizado en puntos estratégicos y operativos de control de identidad.
Asimismo, las autoridades ejecutarán intervenciones destinadas al decomiso de armas, municiones y explosivos ilegales, además de otras acciones orientadas a prevenir delitos y reducir la violencia en la provincia.
Estas operaciones serán realizadas por unidades de la Policía Nacional con el apoyo logístico y operativo de las Fuerzas Armadas y el Serenazgo Municipal.
Comités de seguridad se mantendrán en sesión permanente
Mientras dure la declaratoria de emergencia, se mantendrán en sesión permanente diversos organismos encargados de la coordinación en materia de seguridad.
Entre ellos se encuentran el Comité Regional de Seguridad Ciudadana de Ica, el Comité Provincial de Seguridad Ciudadana de Pisco y los comités de coordinación distrital.
Estas instancias permitirán evaluar de manera constante la situación de seguridad en la provincia y coordinar acciones entre autoridades locales, policiales y militares.
El Ejecutivo señaló que el objetivo de la medida es restablecer las condiciones de seguridad y fortalecer el control del orden público, en una zona donde en los últimos meses se han registrado diversos hechos vinculados a la criminalidad.