El canciller Hugo de Zela expuso este 3 de diciembre ante el Consejo Permanente de la OEA la necesidad de establecer criterios claros y objetivos para la aplicación del asilo diplomático. Subrayó que el Perú, como país democrático, respeta el Estado de derecho, la cooperación internacional y la solución pacífica de controversias. La propuesta busca evitar que el asilo, consagrado en la Convención de Caracas de 1954, sea utilizado con fines ideológicos o para evadir la justicia.
De Zela señaló que América Latina enfrenta crimen organizado transnacional, corrupción, tráfico de personas y cambio climático, desafíos que requieren unidad y multilateralismo. Recordó que, aunque la justicia peruana no es perfecta, prevalecen las garantías del debido proceso, la pluralidad de instancias y el principio de no impunidad. Enfatizó que el asilo nació para proteger a perseguidos políticos, y que su mal uso puede debilitar la confianza entre países y la institucionalidad democrática.
El Perú plantea que la evaluación de pedidos de asilo se base en información objetiva y verificable del Estado territorial, mediante procedimientos institucionales que reduzcan la discrecionalidad y aseguren trazabilidad y responsabilidad estatal. La iniciativa busca alinear la práctica regional con criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Ley de Asilo peruana, evitando que se conceda asilo a personas procesadas por delitos comunes, terrorismo o crímenes de lesa humanidad.
El canciller informó que se ha dialogado con otros países sobre la posibilidad de solicitar una opinión al Comité Jurídico Interamericano, con el objetivo de establecer lineamientos claros que protejan la institución del asilo y fortalezcan la cooperación judicial internacional. De Zela destacó que la propuesta busca mantener la esencia histórica del asilo, preservando su función original y evitando su instrumentalización política.