El Gobierno del Perú elevó este miércoles su voz contra el nuevo giro político en Nicaragua. A través del Comunicado Oficial 015-26, expresó su “profunda preocupación y enérgico rechazo” a la reforma constitucional aprobada en primera votación por la Asamblea Nacional nicaragüense, al considerar que amenaza con desmantelar la institucionalidad democrática y consolidar el poder de la familia Ortega-Murillo.
Según la Cancillería peruana, la iniciativa elimina condiciones para la realización de elecciones libres y debilita el Estado de derecho. Lima sostiene además que la reforma representa una transgresión de los principios democráticos y de los compromisos internacionales asumidos por Nicaragua en materia de derechos humanos.
Nicaragua: alerta por concentración de poder
El pronunciamiento peruano apunta directamente al régimen encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo. Para el Gobierno de Perú, la reforma constituye un nuevo nivel de concentración de poder y confirma que actualmente no existirían condiciones mínimas para desarrollar elecciones libres, justas y competitivas en ese país.
La Cancillería también denunció la persecución de la oposición democrática y sostuvo que el aparato estatal nicaragüense criminaliza de manera sistemática a quienes cuestionan al régimen.
El Gobierno peruano considera que el escenario compromete no solo la situación interna de Nicaragua, sino también los principios democráticos recogidos en la Carta Democrática Interamericana, instrumento regional que establece el compromiso de los Estados americanos con la democracia representativa.
Llamado a la OEA y la ONU
Ante este escenario, Lima hizo un llamado urgente a la comunidad internacional y, particularmente, a los organismos multilaterales. El Ejecutivo pidió a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a las Naciones Unidas (ONU) activar los mecanismos disponibles para evitar que la reforma termine consolidando un régimen que, según la posición peruana, se aleja de los estándares democráticos.
El pronunciamiento también expresa respaldo a los nicaragüenses que permanecen en el país o han debido abandonarlo. El Gobierno peruano señaló que mantendrá su apoyo a los presos políticos, exiliados y personas perseguidas por defender la realización de elecciones libres.
La declaración marca una nueva manifestación de la posición de Lima frente a la crisis política nicaragüense y reafirma el compromiso oficial con la defensa de la democracia y los derechos humanos en la región.