La periodista Karla Ramírez, jefa de la Unidad de Investigación de Panorama, lanzó una grave denuncia que ha encendido las alarmas sobre la libertad de prensa en el Perú. Según reveló, la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin) estaría detrás de un plan para atentar contra su vida, simulando un asalto armado, en represalia por sus reportajes sobre el caso de la mina El Dorado.
“En la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior se viene planificando un atentado en mi contra que buscaría disfrazarse como un asalto, un robo violento”, dijo Ramírez en un video difundido en redes sociales. La periodista, reconocida por destapar presuntos actos de corrupción en las más altas esferas del poder, también denunció que sus familiares están siendo vigilados y que existe un “esquema” con datos de sus padres, hermanos e hijos.
La denuncia llega en un contexto político convulsionado, donde las investigaciones periodísticas sobre El Dorado han salpicado a figuras clave del gobierno, incluido el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, y Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte.
¿Qué hay detrás del caso El Dorado?
La trama se remonta a 2024, cuando la Unidad de Investigación de Panorama, liderada por Ramírez, destapó presuntas maniobras irregulares para favorecer a la minera El Dorado. La investigación reveló que Franco Parodi, empresario involucrado en un litigio con la empresa, habría logrado movilizar contingentes policiales para respaldar su posición a cambio de 160 mil dólares.
Los reportajes incluyeron chats, audios y videos que sustentan la hipótesis de que altos mandos de la Policía habrían sido utilizados como “chalecos” en beneficio de privados. El vínculo con Santiváñez surge porque su estudio jurídico Santiváñez Antúnez defendía a Parodi, mientras que los allanamientos recientes del 27 de agosto involucraron la oficina del ministro de Justicia y la casa de Nicanor Boluarte en San Borja.
Las revelaciones ponen en la mira a uno de los sectores más sensibles del Estado: la relación entre inteligencia policial, poder político y redes empresariales.
Respuesta oficial y reacciones
El Ministerio del Interior respondió rápidamente, negando cualquier plan de atentado. “Desde el Mininter no se realizan ni se toleran actos al margen de la ley. Nuestro deber es garantizar la seguridad de la ciudadanía y combatir el crimen en todas sus modalidades”, señala su comunicado.
Pero las explicaciones no convencieron. La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) calificó la denuncia de “extrema gravedad” y exigió una investigación urgente y garantías inmediatas para la reportera. “El comunicado del Ministerio resulta insuficiente e infundado”, advirtió la ANP.
Desde Panorama, la conductora Carla Muschi responsabilizó directamente a “malos oficiales” de usar las unidades de inteligencia para hostigar a periodistas. “Alertamos y responsabilizamos por cualquier acción contra la integridad de nuestra compañera Karla Ramírez”, enfatizó.
Libertad de prensa bajo amenaza
El caso trasciende a la seguridad personal de Ramírez: pone en debate el estado de la libertad de prensa en el Perú. No es la primera vez que periodistas de investigación denuncian seguimientos, amenazas y hostigamientos tras publicar reportajes incómodos para el poder.
¿Está garantizada la protección de los periodistas en el Perú? ¿Qué mecanismos existen para salvaguardar a quienes destapan casos de corrupción que involucran a autoridades? Este caso podría marcar un punto de quiebre.
Ramírez, lejos de amedrentarse, aseguró que continuará con su labor: “Solicito garantías o que se reporte cualquier cosa que pudiera suceder con mi familia”, afirmó. En paralelo, Panorama anunció que no detendrá sus investigaciones: “Continuaremos delatando y revelando lo que otros quieren ocultar. No nos van a callar”, sentenció Muschi.
Impacto político y judicial
La denuncia golpea directamente al gobierno de Dina Boluarte, ya que vincula a su hermano Nicanor y a uno de sus ministros más cercanos, Juan José Santiváñez. Los 14 allanamientos simultáneos en Lima y Ayacucho, sumados a los reportajes de Panorama, configuran un escenario explosivo que podría derivar en nuevas acusaciones constitucionales y tensar aún más la relación entre el Ejecutivo, el Congreso y la Fiscalía.
Mientras tanto, la comunidad internacional, organismos de derechos humanos y asociaciones de periodistas podrían pronunciarse en defensa de la libertad de prensa en los próximos días.
La denuncia de Karla Ramírez no solo revela un posible uso indebido de los servicios de inteligencia del Estado, sino que también expone el nivel de riesgo al que se enfrentan los periodistas en el Perú. La investigación del caso El Dorado amenaza con arrastrar a figuras de alto nivel y podría convertirse en uno de los mayores escándalos de este gobierno.
