A pocas horas de conocerse su sentencia por el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, Pedro Castillo presentó ante la Corte Suprema una solicitud de nulidad absoluta del juicio. El exmandatario exige suspender la audiencia y apartar del caso a tres magistrados por presunta parcialidad y vulneración del juez natural.
El expresidente Pedro Castillo buscó frenar la lectura de su sentencia al presentar un recurso de nulidad absoluta ante la Sala Penal Especial de la Corte Suprema. En su escrito, sostiene que el proceso por el fallido golpe de Estado de 2022 está afectado por “vicios graves” que comprometerían la independencia judicial y las garantías del debido proceso.
Castillo pide que se suspenda de manera inmediata la lectura de sentencia y solicita la inhibición de los magistrados José Neyra Flores, Iván Guerrero López y Norma Beatriz Carbajal Chávez. Según afirma, los jueces habrían incurrido en vulneración del juez natural, parcialidad manifiesta y adelanto de opinión, por lo que no estarían habilitados para continuar en el caso.
El exmandatario también exige que se incorpore el registro audiovisual de una audiencia previa, la cual —asegura— evidenciaría irregularidades procesales. En su presentación, indica que actúa en ejercicio de su defensa material y que todas las supuestas vulneraciones deben constar formalmente para sustentar eventuales denuncias ante organismos internacionales de derechos humanos.
Fiscalía pide 34 años de prisión para Castillo
En este proceso, el Ministerio Público ha solicitado 34 años de prisión para Pedro Castillo, 26 años para la ex primera ministra Betssy Chávez y 15 años para el exjefe del Gabinete Aníbal Torres, atribuyéndoles el presunto delito de rebelión. No obstante, la Sala podría optar por emitir una sentencia por conspiración, lo que reduciría las penas previstas a 19 años y 30 días para Castillo, y a 11 años, 5 meses y 15 días para Chávez y Torres.
Además, la Fiscalía ha requerido la inhabilitación por tres años y medio para los tres exfuncionarios, así como el pago de una reparación civil que supera los S/ 64 millones. El fallo final será determinante para el futuro procesal del expresidente, que enfrenta otras investigaciones por presunta corrupción durante su gestión.