El próximo jueves 21 de agosto a las 3:00 p. m., la Corte Suprema de Justicia será escenario de una audiencia decisiva para el destino judicial de Pedro Castillo Terrones, quien se encuentra bajo prisión preventiva por el presunto delito de rebelión. La sesión se realizará de manera virtual, bajo la conducción del juez supremo Juan Carlos Checkley Soria, titular del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria.
El recurso fue presentado por la defensa legal del exmandatario el pasado 1 de agosto, con el argumento de que no existen los elementos de convicción suficientes para mantener la medida restrictiva. Castillo, preso desde diciembre de 2022 tras su intento fallido de cerrar el Congreso y reorganizar el sistema de justicia, apuesta a que este nuevo pedido le permita recuperar su libertad.
¿Por qué Castillo busca anular la prisión preventiva?
La estrategia legal se centra en cuestionar los requisitos exigidos por la legislación peruana para la imposición de una prisión preventiva. Según su abogado, la investigación fiscal habría demostrado que no existen pruebas sólidas que acrediten que el expresidente intentó consumar un golpe de Estado.
El planteamiento de la defensa ha sumado la voz del jurista internacional Manuel Cancio Meliá, quien afirmó que lo ocurrido el 7 de diciembre de 2022 no constituye una rebelión en términos jurídicos, sino más bien un acto de improvisación política que no llegó a concretarse. “El golpe de Estado no es un concepto jurídico penal”, sostuvo el experto en entrevista televisiva, reforzando la narrativa de que el proceso contra Castillo carecería de sustento.
¿Qué decidirá la Corte Suprema?
La audiencia del 21 de agosto será clave para determinar si Pedro Castillo continúa privado de su libertad o si recupera la posibilidad de enfrentar el proceso en libertad condicional. El juez Juan Carlos Checkley deberá escuchar los alegatos de la defensa, así como la posición del Ministerio Público, que sostiene que sí existen riesgos procesales, entre ellos peligro de fuga y obstrucción a la justicia.
La sesión, convocada de forma virtual a través de Google Meet, exige la participación obligatoria de Castillo, de su abogado defensor y de la fiscalía. Tras el debate, el magistrado emitirá una resolución que podría cambiar el curso del proceso judicial más mediático de los últimos años en el Perú.
¿Qué está en juego para el Perú?
El caso Castillo sigue siendo un tema de alta tensión política y social. Su detención en 2022 provocó protestas masivas en todo el país, dejando un saldo de más de 60 muertos en enfrentamientos con las fuerzas del orden. Para sus simpatizantes, el expresidente es víctima de una persecución política y judicial orquestada desde Lima; para sus detractores, se trata de un dirigente que intentó quebrar la democracia y debe responder con todo el peso de la ley.
La decisión de la Corte Suprema no solo tendrá impacto en la situación personal de Castillo, sino también en el escenario político peruano, marcado por la debilidad institucional, la falta de legitimidad del Congreso y el desgaste de la actual administración. Una eventual excarcelación podría reavivar la movilización de sus bases sociales, mientras que el mantenimiento de la prisión preventiva confirmaría la línea dura de la justicia contra los intentos de quebrar el orden democrático.
¿Está la justicia peruana frente a un caso de rebelión o simplemente ante un acto político fallido?
La respuesta de la Corte Suprema este jueves dará luces no solo sobre la situación de Pedro Castillo, sino también sobre la interpretación judicial del concepto de “golpe de Estado” en el Perú contemporáneo.
Contexto internacional
En paralelo, Castillo ha buscado reforzar su imagen en la arena internacional. Desde prisión, ha enviado mensajes invocando a presidentes sudamericanos, como Gustavo Petro en Colombia, a sumarse a una supuesta “guerra contra la corrupción”. Estos intentos de reinsertarse en el debate regional muestran que, pese a su condición de preso, mantiene aspiraciones de incidencia política.
La opinión de expertos extranjeros, como Cancio Meliá, alimenta la percepción de que el caso podría trascender fronteras, sobre todo en un contexto donde la legitimidad de los sistemas judiciales en la región está bajo constante escrutinio.
