El expresidente Pedro Castillo ha decidido someterse a una huelga de hambre como forma de protesta contra el juicio oral que enfrenta por los hechos ocurridos el 7 de diciembre de 2022, cuando intentó disolver el Congreso y reorganizar el sistema judicial, en lo que se considera un intento de golpe de Estado. Castillo asegura que las acusaciones en su contra son políticas y no reflejan los hechos reales. A través de esta medida, busca denunciar lo que considera un juicio parcializado y una condena ya anunciada por los delitos de rebelión y otros cargos que él niega.
El juicio oral contra Castillo comenzará este martes 4 de marzo en el penal de Barbadillo, donde se encuentra cumpliendo prisión preventiva. Además de Castillo, varios exministros de su gobierno, como Betssy Chávez, Aníbal Torres y Willy Huerta, también enfrentarán cargos por presunta rebelión y por su posible implicación en el intento de subversión del orden democrático. La Fiscalía ha solicitado una condena de 34 años de prisión para el expresidente y una reparación civil millonaria.
La acusación se basa en 65 pruebas documentales y testimonios de más de 69 testigos, incluidos exfuncionarios y altos mandos policiales. Estos elementos apuntan a que Castillo y sus aliados intentaron llevar a cabo un golpe de Estado para disolver el Congreso y reorganizar el sistema judicial. El proceso judicial también involucra a tres exoficiales de la Policía Nacional, quienes son considerados coautores de los delitos imputados.
Este juicio es histórico, ya que es el primero en el que un expresidente peruano enfrenta cargos por un intento de golpe de Estado. La huelga de hambre de Castillo pone de manifiesto la tensión política que persiste en el país, con una situación judicial que podría tener grandes repercusiones en el futuro político de Perú. El desenlace de este proceso será clave para definir las responsabilidades penales y las consecuencias de los eventos de diciembre de 2022.
