Patricia Juárez propone retorno de jueces sin rostro para fortalecer lucha contra crimen organizado

La congresista plantea la reactivación de esta figura judicial, utilizada en los años 90, como una medida para proteger a los operadores de justicia frente a las amenazas de organizaciones criminales.

por Edgar Mandujano

La congresista Patricia Juárez anunció que presentará una propuesta para la reactivación de los jueces sin rostro en el país, una figura judicial que permitiría a los jueces actuar con identidad protegida en casos relacionados con el crimen organizado. La medida busca garantizar la seguridad de los magistrados y fiscales encargados de procesar casos de alta peligrosidad, evitando que sean blanco de represalias por parte de organizaciones criminales.

La propuesta llega en un contexto donde el crimen organizado, el narcotráfico y otras actividades ilícitas han incrementado su presencia en diversas regiones del país. La congresista argumenta que los jueces y fiscales que se enfrentan a estas organizaciones están expuestos a constantes amenazas, lo que podría comprometer su imparcialidad y la eficacia de la justicia.

“Los jueces sin rostro fueron una medida necesaria en el pasado, y hoy más que nunca es crucial garantizar que nuestros operadores de justicia puedan ejercer su función sin temores a represalias”, afirmó Juárez en un reciente pronunciamiento. Según la congresista, esta figura judicial podría facilitar un proceso más transparente y seguro para abordar delitos vinculados al crimen organizado, ya que permitiría que los magistrados actúen con mayor autonomía y sin presiones externas.

La figura de los jueces sin rostro fue implementada en Perú durante los años 90, en el marco de la lucha contra el terrorismo. Bajo este sistema, la identidad de los jueces y fiscales que juzgaban a los líderes de grupos terroristas como Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) era mantenida en secreto para proteger su integridad. Sin embargo, la medida fue retirada tras ser cuestionada por algunos sectores de la sociedad que alertaban sobre los posibles riesgos para los derechos humanos y la transparencia judicial.

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