La congresista Patricia Juárez (Fuerza Popular) presentó un proyecto de ley que plantea la reserva de identidad para jueces y fiscales que procesen casos de sicariato, extorsión y crimen organizado. La medida —de carácter excepcional y temporal— busca proteger la integridad de los operadores de justicia frente al incremento de amenazas por parte de organizaciones criminales.
Juárez explicó que la propuesta no implica el retorno de los “jueces sin rostro”, sino la aplicación focalizada de mecanismos de protección digital. “Este de acá es para determinado delito”, precisó, indicando que el proyecto tendrá un periodo experimental de un año.
Herramientas digitales para proteger identidades
El texto plantea el uso de plataformas tecnológicas que permitan desarrollar audiencias sin exponer la identidad visual o personal de los magistrados. Estas herramientas garantizarían que las investigaciones y juicios se desarrollen con normalidad, preservando la seguridad de los involucrados.
Fiscales bajo amenaza
Como ejemplo de la vulnerabilidad actual, Juárez mencionó el caso de Margarita Haro Pinto, fiscal provincial de San Juan de Lurigancho, quien denunció haber sido extorsionada por la organización criminal Los Chukys de Juan Pablo II. Según datos del Ministerio Público, al menos 80 fiscales se encuentran actualmente bajo amenaza de bandas criminales.
Proyecto no vulnera la Constitución, según Juárez
La parlamentaria aseguró que la propuesta no contraviene la Constitución ni afecta sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “El Estado, dada la situación de excepcionalidad, debe ofrecer una salida a los jueces y fiscales que enfrentan al crimen”, declaró.
Alcance limitado y revisión anual
El proyecto establece un alcance focalizado y un periodo de aplicación de un año, tras el cual será evaluado para determinar su efectividad. La iniciativa será debatida en las comisiones del Congreso antes de su eventual votación en el Pleno.
Con esta propuesta, Juárez busca abrir un debate sobre el equilibrio entre la seguridad de los magistrados y la transparencia judicial, en un contexto de creciente violencia y hostigamiento contra el sistema de justicia.