Una ofensiva de congresistas de izquierda ha tomado forma esta semana con la presentación de cuatro proyectos de ley que buscan derogar el Decreto de Urgencia N° 010-2025, una norma emitida por el Poder Ejecutivo con el objetivo de implementar un plan de reorganización patrimonial de Petroperú S.A.
El Decreto de Urgencia 010-2025 fue aprobado a fines de 2025 como parte de un paquete de medidas extraordinarias en materia económica y financiera para estabilizar y reestructurar a la petrolera estatal, una compañía históricamente tensionada por problemas de gestión, pérdidas recurrentes y la presión fiscal que representa para las cuentas públicas. El DU faculta, entre otras cosas, mecanismos de reorganización interna, reordenamiento de activos, y medidas temporales orientadas a sanear la operación de la empresa.
Contra esa norma, varios congresistas han presentado proyectos de ley con la finalidad común de derogar el decreto, aunque con matices en sus argumentos y énfasis políticos. A continuación, los detalles de cada iniciativa:
1. Proyecto de ley Nº 13672/2025-CR
Autor: Congresista Alfredo Pariona Sinche (Bancada Socialista)
- Propone la derogación total del Decreto de Urgencia N° 010-2025, bajo el argumento de que dicha norma vulnera derechos laborales y compromete la soberanía del Estado sobre los recursos energéticos.
- La iniciativa enfatiza que la reorganización planteada por el DU implica medidas que, a juicio del congresista, afectarían condiciones laborales y la gestión pública de Petroperú.
2. Proyecto de ley Nº 13671/2025-CR
Autora: Congresista Isabel Cortez Aguirre (No Agrupados)
- También busca derogar el mismo decreto con una motivación expresamente vinculada a la “garantía de la soberanía energética del país”.
- Cortez argumenta que la reorganización impulsada por el Ejecutivo debilita la función estratégica de Petroperú como empresa estatal vinculada al abastecimiento energético nacional.
3. Proyecto de ley Nº 13670/2025-CR
Autor: Congresista Edgard Reymundo Mercado (Bloque Democrático Popular)
- Este proyecto presenta la misma pretensión de derogación del DU 010-2025, enfatizando la necesidad de preservar la gestión pública del sector energético y rechazar soluciones que, según su criterio, trasladan cargas o riesgos financieros a la sociedad.
- Reymundo enfatiza la importancia de un enfoque distinto para la reorganización, distinto al trazado mediante decreto.
4. Proyecto de ley Nº 13669/2025-CR
Autor: Congresista Bernardo Quito Sarmiento (Bancada Socialista)
- Similar a las otros tres, propone la derogación del DU, pero incorpora en su exposición de motivos un énfasis adicional: garantizar la continuidad de la cadena de producción de hidrocarburos bajo gestión pública.
- Quito Sarmiento insiste en que Petroperú debe seguir operando como empresa estatal articulada con políticas de desarrollo y seguridad energética.
¿Qué buscan realmente estos proyectos?
Aunque todos apuntan a eliminar las facultades que otorga el DU 010-2025, la ofensiva parlamentaria no es homogénea en sus motivaciones:
- Soberanía energética: hay un eje claro en torno a la defensa de la gestión pública de Petroperú como garante del abastecimiento y la autonomía del país en combustibles.
- Crítica a la forma: algunos legisladores cuestionan que la reorganización se haya hecho por decreto y no por el debate legislativo habitual.
- Enfoque social: en varios de los proyectos se alude a la protección de empleos, derechos laborales y la vinculación con comunidades.
El choque entre el Ejecutivo y estos grupos parlamentarios se da en un contexto donde Petroperú es central en el debate sobre política energética, seguridad energética y rol del Estado en sectores estratégicos.
- Para los autores de los proyectos, el DU representa una forma inadecuada de intervenir la empresa estatal, con riesgos para la soberanía y la gestión pública.
- El Ejecutivo, por su parte, sostiene que la reorganización vía decreto es necesaria para estabilizar a la compañía, sanear sus operaciones y reducir presiones fiscales.
La discusión que se avecina tendrá implicancias no solo técnicas sino también políticas, en tanto ha puesto en el centro del debate el papel del Estado frente a activos estratégicos como Petroperú.