La Comisión Permanente otorgó, este jueves 5, un plazo de 15 días hábiles a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) para que investigue dos denuncias constitucionales contra la presidenta Dina Boluarte Zegarra por las muertes en las protestas del 2022 y 2023, así como por el caso “Rolex”.
La primera acusación contra la mandataria es por presunto delito contra la administración pública en la modalidad de cohecho pasivo impropio por el denominado caso “Rolex”, donde la fiscalía atribuyó a la presidenta el recibir de forma irregular donaciones de parte del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, como relojes y pulsera de lujo a cambio de aprobar transferencias de recursos a esta región.
La segunda acusación, corresponde por el presunto delito de homicidio calificado, lesiones graves y lesiones leves por los fallecidos y heridos durante las protestas de diciembre del 2022 hasta marzo del 2023.
Esta denuncia constitucional, por la presunta comisión de diversos delitos, también es contra Pedro Miguel Angulo Aranda, en su condición de expresidente del Consejo de Ministros del periodo comprendido entre el 10 al 21 de diciembre del 2022; contra Luis Alberto Otárola Peñaranda, en su condición de exministro de Defensa durante el periodo comprendido entre el 10 al 21 de diciembre del 2022, y contra César Augusto Cervantes Cárdenas, en su condición de exministro del Interior durante el periodo entre el 10 al 21 de diciembre del 2022.
Además, contra Jorge Luis Chávez Cresta, en su condición de exministro de Defensa, durante el periodo comprendido del 21 de diciembre de 2022 al 13 de febrero de 2024; contra Víctor Eduardo Rojas Herrera, en su condición de exministro de Interior durante el periodo comprendido entre el 21 de diciembre de 2022 al 13 de enero de 2023, y contra Vicente Romero Fernández, en su condición de exministro del Interior, durante el periodo comprendido entre el 14 de enero de 2023 al 17 de noviembre de 2023.