Orellana se mueve | Edición impresa

por Edgar Mandujano
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CARETAS 2686 dio a conocer en setiembre una extraña situación que ocurre en el Poder Judicial. Una nota publicada en febrero de 2020, que incluyó fragmentos de un documento que fue rectificado dos veces por este medio, ha originado una batería de procesos judiciales -van cuatro penales y otro de materia civil- orquestados por el excongresista Ernesto Gamarra, quien cumpliera sentencia de cárcel por recibir dinero de un testaferro de Vladimiro Montesinos. El caso del suscrito es más grave, pues ni siquiera participó en la elaboración de la nota.

Gamarra trabajó para el encarcelado mafioso Rodolfo Orellana en el programa Juez Justo, en el que compartió la conducción con Benedicto Jiménez y la abogada Lisbeth Orihuela. Esta última ha aparecido por Zoom en audiencias judiciales de estos casos.

Rodolfo Orellana actuó en la impunidad con funcionarios y actores mediáticos.

Una de las irregularidades advertidas por CARETAS es que el 11 de julio a las 5:05 de la tarde, como está registrado en el sistema, mi defensa presentó un recurso de casación excepcional ante la Cuarta Sala Penal de Apelaciones para que la Corte Suprema me absuelva en la querella presentada por Pilar Brescia, esposa de Gamarra, mencionada en el documento rectificado. Insólitamente, la resolución fue declarada inadmisible el 13 de julio a las 9:12 de la mañana. Es decir, un día útil después los tres jueces -José Egoavil Abad, Irina Villanueva Alcántara y Omar Ahomed Chávez- resolvieron sobre una materia compleja y de fondo.

Empresario Pazos Holder, despojado de su terreno de US$14 millones, denunció al juez Ahomed.

El juez Ahomed fue el ponente de la sentencia. Durante el desarrollo del proceso tuvo intervenciones en las que parecía entender la importancia del animus difamandi en una situación tan particular como esta. Pero todo lo despachó con una sentencia que no tomó en cuenta nada de esto ni tampoco diferenció en lo más mínimo mi situación, en el sentido de no haber participado en la elaboración de la nota.

Un antecedente del juez Ahomed llama poderosamente la atención: a pesar de la evidencia en su contra, liberó a Manuel Asunción Villacrez Arévalo, chofer y testaferro principal de la red de Orellana.    

Juez Ahomed liberó a Manuel Asunción Villacrez Arévalo, chofer y testaferro principal de la red de Orellana. Luego fue sentenciado a 15 años y cantó como jilguero.    

En abril de 2010, la Segunda Sala Especializada en lo Penal para procesos con reos en cárcel consideró que existían suficientes indicios para presumir que se habían utilizado documentos falsos para transferir un terreno en Lurín valorizado en US$14 millones de propiedad del empresario Jorge Pazos Holder a favor de Villacrez. La Sala confirmó el mandato de detención preventiva contra Villacrez, pues resultaban evidentes sus maniobras para entorpecer la investigación.

Gamarra trabajó para el encarcelado mafioso Rodolfo Orellana en el programa Juez Justo.

Pero en 2012, el juez Ahomed varió el mandato de detención por el de comparecencia restringida contra Villacrez, argumentando que se había desvanecido el peligro de que eluda la Justicia y perturbe la actividad probatoria.

Muy bienpensado el magistrado Ahomed. Las primeras denuncias de CARETAS y otros medios contra la mafia de Orellana se remontaban al 2010. Dos años después estaba claro para cualquier ciudadano informado la naturaleza del negocio delictivo de Orellana (Gamarra se tomó todavía un tiempo más. Él y su esposa comenzaron a trabajar con el mafioso al año siguiente, apenas un año antes de que cayera en Colombia).

La decisión del juez Ahomed también incluyó otro beneficio para Villacrez, vía la acumulación de dos procesos tramitados contra él ante el vigésimo Segundo Juzgado Penal de Lima: el del terreno de Lurín y otro como presunto autor del delito contra la Fe Pública por Falsificación de Documentos privados y públicos en agravio de SUNARP y otros. La falsificación de documentos para hacerse de propiedades ajenas era una parte central del método de Orellana y sus secuaces, que según el Ministerio Público amasaron una fortuna de S/.540 millones a lo largo de 12 años. Un período en el que usurpó inmuebles y los revendió con la complicidad de funcionarios públicos, fiscales, políticos y también jueces.

Cinco meses más tarde, la Segunda Sala Penal para Procesos con Reos en Cárcel revocó la decisión del juez Ahomed y ordenó la inmediata ubicación y captura de Villacrez, pues existían suficientes pruebas que hacían presumir su responsabilidad penal. La variación del mandato por parte del juez, consideró la sala, “carece de sustento”.

En consecuencia, el empresario Pazos Holder, afectado por el despojo de su terreno, denunció penalmente al juez Ahomed por el delito de prevaricato.

¿Una poderosa mafia busca golpear a los medios que denunciaron sus fechorías?

La evidencia pesó mucho más. En octubre de 2014, Villacrez declaró ante la Segunda Sala Especializada en lo Penal para Reos en Cárcel que Rodolfo Orellana y su hermana Ludith lo “utilizaron” para hacerse ilegalmente del terreno de 223 hectáreas que Pazos Holder tenía en Lurín. Pero Villacrez, que además se desempeñó como chofer de Orellana, no pudo evadir a la Justicia. En junio de 2015 se convirtió en el primer testaferro de la organización en ser sentenciado y recibió una pena de 15 años de cárcel. ¿Y cuál fue el caso? El del terreno de Pazos Holder, por el cual el juez Ahomed pretendió liberarlo.

¿No debía el juez Ahomed al menos inhibirse en un caso en el que está involucrado un actor involucrado en la órbita de Orellana? ¿Por qué la abogada Orihuela se apareció por las audiencias? ¿Quería estar segura de que la vieran?    

Recordar es volver a vivir. Gamarra fue sentenciado por recibir dinero de testaferro de Montesinos y comprometerse a distraer la atención de los medios.

Otra irregularidad adelantada en la nota anterior se dio cuando Dylan Ezequiel López Encarnación, asistente de Gamarra (artículo que publicó en 2021 en La Mula: “David peruano vs Goliat chileno y el regreso de Ernesto Gamarra Olivares por la puerta grande”) publicó en el “medio” subrepticio NOAPAGUENLALUZ.NET la sentencia de segunda instancia de la Octava Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima que confirma el fallo en contra nuestra en la querella de Gamarra, firmada por los jueces Magaly Báscones, Cecilia Polack y Jorge Barreto, que es el ponente. Este documento fechado el 7 de agosto fue colgado el 17 de agosto por López. Y a nosotros, la parte involucrada, nos notificaron un mes después. Qué tal coladera. Ya desde hace muchos años Barreto era un juez alérgico a la prensa como lo comprobamos los reporteros que cubrimos su trabajo como muy discreto juez anticorrupción.   Esa animadversión actual contra el periodismo en tiempos de polarización y en un sector del Poder Judicial puede explicar en parte estas sentencias no consentidas. Pero también preocupa la posibilidad que una poderosa mafia que se la juega el todo por el todo -la Fiscalía pide 35 años contra Orellana y su hermana, y 26 contra Benedicto Jiménez, el coconductor de Gamarra y Orihuela- busque golpear a los medios que fueron clave para denunciar sus fechorías. Es evidente que cuentan con recursos y con una red de funcionarios que permanecen en el aparato público. Y es de esperar que la Corte Suprema corrija este abuso.

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