El expresidente Pedro Castillo, recluido en el penal de Barbadillo desde diciembre de 2022, vuelve a ser protagonista de un enfrentamiento judicial en torno a su situación legal. Su defensa, encabezada por el abogado Eduardo Pachas, presentó un nuevo hábeas corpus ante la Corte Superior de Justicia con el objetivo de lograr la liberación del exmandatario.
Según Pachas, se estaría vulnerando el principio de cosa juzgada, debido a que el presunto delito de conspiración ya fue archivado por el Ministerio Público y no puede ser reincorporado al juicio por rebelión que enfrenta Castillo. El abogado asegura que un juez no tiene facultades para reabrir delitos previamente archivados ni reemplazar las funciones de la Fiscalía en este caso.
¿Qué busca el nuevo hábeas corpus?
El recurso legal presentado solicita que la Sala Penal Suprema se abstenga de imponer nuevas medidas contra Castillo en relación con la conspiración. La defensa sostiene que, de aceptarse el pedido, se cerraría la posibilidad de que el expresidente reciba una condena de 34 años por un cargo que carece de sustento fiscal, e incluso podría ordenarse su libertad inmediata.
Este nuevo movimiento judicial surge después de que el Poder Judicial rechazara un pedido anterior de cese de prisión preventiva. El juez supremo provisional Edhin Campos Barranzuela, a cargo del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, declaró infundado el pedido presentado el 4 de septiembre de 2025, señalando que la medida sigue siendo “idónea, necesaria y proporcional” ante riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación.
Contexto del encarcelamiento de Castillo
Pedro Castillo continúa en prisión preventiva por el presunto delito de rebelión, derivado de su fallido intento de disolver el Congreso en 2022. La medida ha sido ratificada en varias resoluciones judiciales, que subrayan que la libertad solo será posible si se presentan nuevos elementos que demuestren la desaparición de los motivos que justificaron su encarcelamiento, permitiendo reemplazar la prisión por medidas menos restrictivas.
Mientras tanto, la defensa ha cuestionado presuntas irregularidades procesales, como la falta de una denuncia constitucional plenamente sustentada y la extensión de la prisión preventiva tras vencerse el plazo original. Sin embargo, el Poder Judicial ha señalado que estas observaciones deben resolverse mediante otros mecanismos procesales o acciones constitucionales, como el hábeas corpus que actualmente se tramita.
Impacto y expectativas
El futuro judicial de Pedro Castillo permanece incierto. La presentación del nuevo hábeas corpus mantiene la tensión en el sistema judicial, generando expectativa sobre la posibilidad de que la Sala Penal Suprema examine si la acumulación del delito de conspiración al juicio de rebelión constituye una irregularidad que afecte la legalidad de la medida de prisión preventiva.
Por otro lado, el rechazo de pedidos anteriores confirma que el Poder Judicial mantiene su posición de que la prisión preventiva sigue siendo necesaria para asegurar el desarrollo de la investigación. Este enfrentamiento entre la defensa y el tribunal refleja la complejidad del caso y el debate sobre los límites de las medidas cautelares frente a los derechos de los acusados.
El nuevo hábeas corpus presentado por Eduardo Pachas marca un nuevo capítulo en la situación judicial de Pedro Castillo, mientras su defensa insiste en que se ha vulnerado el principio de cosa juzgada. A pesar de esto, el Poder Judicial mantiene la prisión preventiva como una medida provisional y necesaria, generando un escenario de incertidumbre sobre la duración de su encarcelamiento y el desarrollo de las investigaciones por rebelión.