Con el objetivo de prevenir la corrupción y fortalecer los estándares de integridad en la administración pública, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), mediante la Secretaría de Integridad Pública (SIP), aprobó la Directiva n.° 001-2026-PCM/SIP. La norma establece lineamientos operativos que facilitan la aplicación del Modelo de Integridad en las entidades del Estado, asegurando un enfoque coherente, ordenado y efectivo.
Según la PCM, cerca de 1800 entidades públicas están obligadas a implementar el Modelo, cumpliendo con los criterios del Decreto Supremo n.° 148-2024-PCM. La medida busca garantizar que las instituciones públicas desarrollen una gestión ética y transparente, adaptada a sus realidades y necesidades específicas.
Metodología práctica y orientada a resultados
La norma define una metodología estandarizada y paso a paso que permite a las entidades avanzar en la implementación del Modelo de Integridad. La directiva prioriza el compromiso de la alta dirección, la gestión de riesgos de corrupción, la atención de denuncias, el cumplimiento de normas de transparencia y debida diligencia, y la promoción de una cultura ética en el servicio público.
Además, la SIP brindará asistencia técnica especializada, asegurando que las instituciones puedan aplicar correctamente los lineamientos y fortalecer el compliance público en todos sus niveles.
Comunicación, capacitación y gestión de riesgos
La directiva refuerza el componente de comunicación y capacitación, identificando a los actores clave, difundiendo de manera efectiva las políticas de integridad y lucha anticorrupción, y promoviendo la formación continua del personal.
También se establece la capacitación especializada de funcionarios con capacidad de decisión y un protocolo de comunicación de crisis, diseñado para responder oportunamente ante riesgos altos, como prácticas antiéticas o corruptas, protegiendo la integridad institucional y fortaleciendo la confianza ciudadana.
Trabajo colaborativo y adopción de buenas prácticas
El Modelo de Integridad promueve un trabajo articulado y preventivo dentro de las entidades públicas, basado en la gestión de riesgos y el desempeño ético de quienes ejercen funciones públicas. Se incluyen herramientas, guías y mecanismos que facilitan la implementación, asegurando que los estándares de ética y transparencia se apliquen de manera consistente en todo el Estado.
La directiva representa un paso estratégico para consolidar una administración pública íntegra y confiable, alineada con las buenas prácticas internacionales de gestión ética y anticorrupción, reforzando la capacidad del Estado para prevenir y sancionar irregularidades.