El Congreso de la República ha recibido una nueva denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, presentada por congresistas de Renovación Popular y otras bancadas. La acusación incluye presuntas infracciones a la Constitución y la comisión de delitos como cohecho activo específico y encubrimiento personal.
Los legisladores firmantes afirman que Espinoza cometió irregularidades graves que justificarían su inhabilitación. En particular, se la acusa de haber ofrecido archivar una investigación a favor de Pablo Sánchez, con el fin de obtener su apoyo para ser elegida fiscal. Además, se señala que Espinoza actuó de manera indebida en una causa relacionada con Sánchez, quien estaba siendo investigado por obstrucción a la justicia, desestimando la denuncia en su contra y archivando el caso de forma inexplicable.
Paralelamente, otro grupo de congresistas presentó una denuncia por presunto desacato a la Ley 32130, que otorgó a la Policía Nacional del Perú la facultad de investigar preliminarmente ciertos delitos. Según estos legisladores, la fiscal y otros miembros de la Junta de Fiscales Supremos desobedecieron esta ley y emitieron un reglamento en contra de lo estipulado.
Por su parte, Delia Espinoza rechazó las acusaciones y aclaró que no busca un “golpe de Estado blando” contra el gobierno de Dina Boluarte. Además, subrayó que, a pesar de las 34 denuncias en su contra, tiene la conciencia tranquila y no teme que se imponga una inhabilitación, confiando en que prevalecerá la razón del derecho sobre los votos políticos.
