La congresista Norma Yarrow Lumbreras presentó un proyecto de ley que propone una serie de medidas de protección a las personas que denuncien ser víctimas de extorsión, robo o hurto que se hayan cometido de manera flagrante, con la finalidad que sean tratados de manera preferencial desde el primer momento.
“La presente iniciativa atiende uno de los principales problemas relacionados con la inseguridad ciudadana, como es la víctima. Hoy en día las personas que son víctimas de robo, hurto y extorsión en situación de flagrancia, atraviesan un verdadero vía crucis, no solo por el delito sufrido en su contra, sino por el trato que reciben por parte de los operadores de justicia”.
La legisladora por Avanza País explicó que muchas veces “cuando una víctima acude a la comisaría, para denunciar un delito en flagrancia y rendir su declaración, debe permanecer como mínimo en dicha sede entre cinco a seis horas y muchas veces, estos procedimientos lo realizan en el mismo ambiente en que permanece su agresor”.
Ante esa situación, Yarrow Lumbreras planteó lo siguiente:
-Que el denunciante pueda utilizar canales digitales para formular su denuncia
-Que la víctima no permanezca más de dos horas en la comisaría
-Que los datos de las víctimas que son proporcionados a la policía sean confidenciales, bajo responsabilidades de ley.
“Las víctimas deben acudir en varias ocasiones para brindar su testimonio a nivel fiscal y judicial, revictimizándola. En estas diligencias, debe reencontrarse físicamente con su agresor. Por lo tanto, las víctimas que acuden a denunciar una extorsión, no son protegidas adecuadamente, dado que son expuestas con sus agresores, en la medida que estos son notificados de la interposición de una denuncia en su contra, brindándoseles los datos del denunciante”, alertó.
Finalmente, criticó que “las investigaciones en el caso de delitos en flagrancia y con detención no son célere, y requieren de formalismos innecesarios para su éxito”.
“Toda esta problemática, repercute negativamente en la confianza que las víctimas y la ciudadanía tienen sobre la justicia penal en el país, y muchos deciden no denunciar el hecho porque lo considera una pérdida de tiempo. Más aún si de cada 100 delitos que se cometen solo tres víctimas encuentran una respuesta adecuada de la justicia por parte del Estado. La impunidad repercute una vez más en la confianza ciudadana en las instituciones, debilitando la democracia y el estado de derecho”, concluyó.