El próximo 7 de marzo, la Corte Suprema del Perú emitirá un fallo clave sobre la investigación que involucra a Nadine Heredia, exprimera dama del país, en el caso del Gasoducto Sur Peruano. La Fiscalía la acusa de colusión agravada, argumentando que Heredia ejerció un poder de facto para beneficiar a Odebrecht en la concesión del gasoducto. Su defensa, por su parte, sostiene que no ocupaba un cargo público y, por lo tanto, no puede ser procesada por ese delito.
En la audiencia, el abogado de Heredia, Julio César Espinoza, rechazó las acusaciones y remarcó que su defendida no tuvo un rol oficial durante el gobierno de su esposo, Ollanta Humala. Además, cuestionó las comparaciones con Vladimiro Montesinos, quien fue condenado por usurpación de funciones, y subrayó que una denuncia similar ya había sido archivada. Según Espinoza, no hay pruebas que vinculen a Heredia con beneficios directos a Odebrecht.
La Fiscalía, sin embargo, insiste en que Heredia participó en reuniones clave con directivos de Odebrecht, ya fuera de manera individual o junto a Humala. También alegan que influyó en el Consejo Directivo de ProInversión y en el comité encargado de la concesión del gasoducto, lo que refuerza su acusación de colusión. La tensión entre ambas versiones crea una gran expectativa sobre la decisión final.
El juez César San Martín, encargado del caso, deberá sopesar los argumentos presentados y decidir si la investigación continúa o se archiva. Este fallo es crucial, ya que el caso del Gasoducto Sur Peruano representa uno de los principales focos de las investigaciones por corrupción en el Perú, con implicaciones para el gobierno de Humala y la polémica relación con Odebrecht.
