La aprobación de la Ley de Amnistía por parte del Congreso ha abierto un intenso debate jurídico y político en el país. La congresista de Fuerza Popular (FP), Martha Moyano, aseguró que los jueces están obligados a aplicar la norma y que, en caso de no hacerlo, incurrirían en prevaricato, es decir, dictar resoluciones contrarias a la ley.
“La amnistía es una decisión exclusiva del Congreso, y los jueces no pueden ir contra esa norma”, declaró la parlamentaria en entrevista con Canal N, marcando una posición firme frente a los recientes cuestionamientos de sectores del Poder Judicial y la sociedad civil.
¿Qué establece la Ley de Amnistía y por qué es polémica?
La norma aprobada por el Congreso busca extinguir procesos judiciales de larga data, algunos con más de 20 años sin sentencia firme, lo que ha sido interpretado por sus promotores como un acto de “justicia tardía”. Según Moyano, la medida apunta a resolver casos estancados y brindar “seguridad jurídica” a los procesados.
No obstante, para críticos y especialistas en derecho constitucional, la ley podría convertirse en un instrumento de impunidad. En la práctica, beneficiaría a personas procesadas por delitos graves, entre ellos violaciones a derechos humanos, corrupción y terrorismo.
Esto ha generado que algunos magistrados cuestionen su aplicación y evalúen plantear acciones de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC). Sin embargo, para Moyano, no existe margen para interpretaciones judiciales: “El Congreso tiene la facultad exclusiva de dictar leyes de amnistía y el Poder Judicial solo debe ejecutarlas”, subrayó.
Moyano advierte sobre prevaricato
La congresista lanzó una advertencia directa: los jueces que se nieguen a aplicar la amnistía podrían ser acusados de prevaricato, un delito penado con cárcel. Según Moyano, la función del Poder Judicial es cumplir la ley, independientemente de su valoración personal.
“Los jueces no pueden anteponer su opinión a lo que manda el Congreso. Si no aplican la norma, estarían actuando en contra del orden jurídico y, por tanto, cometiendo prevaricato”, enfatizó.
La posición de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y el caso Delia Espinoza
La legisladora también se pronunció sobre la reciente decisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) respecto a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, luego de que se debatiera si correspondía su reposición o la de la fiscal Patricia Benavides. Moyano sostuvo que las decisiones de la JNJ “deben respetarse”, incluso cuando generan discrepancias en otros órganos del sistema de justicia.
Para la congresista, el episodio revela la falta de coherencia institucional y la necesidad de establecer límites claros sobre las competencias de cada órgano. “Este caso demuestra por qué urge una reforma judicial profunda que evite conflictos entre instituciones”, dijo.
Impacto en la reforma judicial
Moyano consideró que las discrepancias sobre la amnistía y las decisiones contradictorias entre las entidades judiciales evidencian la necesidad de acelerar la reforma del sistema de justicia.
“Hoy tenemos un escenario donde los jueces interpretan normas de forma distinta, y eso genera inseguridad jurídica. El Congreso legisla, el Poder Judicial aplica, y la JNJ evalúa la conducta de jueces y fiscales. Esa separación de funciones debe respetarse”, remarcó.
¿Un choque de poderes en camino?
La postura de Moyano parece anticipar un nuevo enfrentamiento entre el Congreso y el Poder Judicial. Si bien la legisladora sostiene que la amnistía es incuestionable, varios jueces y fiscales analizan la posibilidad de declarar inaplicable la norma en casos de delitos graves.
De darse ese escenario, se abriría un choque institucional que podría terminar en el Tribunal Constitucional. Especialistas señalan que la Constitución faculta al Congreso a dictar leyes de amnistía, pero también permite que el TC evalúe su compatibilidad con los tratados internacionales y la protección de los derechos humanos.
El trasfondo político
La ley de amnistía ha sido promovida principalmente por bancadas como Fuerza Popular, Renovación Popular y Alianza para el Progreso, que argumentan que “no puede haber procesos eternos” en el país. Sin embargo, los partidos de izquierda y algunos independientes advierten que la medida podría favorecer a personajes políticos vinculados a corrupción y abuso de poder.
El tema divide no solo a las bancadas, sino también a la ciudadanía. Mientras algunos ven en la amnistía una vía para cerrar procesos históricos, otros la perciben como un blindaje encubierto a figuras cuestionadas.
