Debate abierto sobre protestas y control del orden público
El congresista Jorge Montoya volvió a posicionarse en el centro del debate sobre seguridad en manifestaciones al expresar su apoyo al proyecto de ley que busca sancionar a quienes se cubran el rostro durante protestas sociales. La iniciativa, presentada por la legisladora Elizabeth Medina (Somos Perú), plantea modificar el Código Penal para imponer penas de hasta 10 años de cárcel por ocultar la identidad en contextos de violencia o alteración del orden público.
La propuesta llega en un clima político marcado por nuevos cuestionamientos a la actuación policial, el uso de la fuerza y la responsabilidad de los manifestantes en eventos recientes. En este escenario, la pregunta clave es: ¿Hasta qué punto una medida como esta puede reforzar la seguridad sin vulnerar derechos fundamentales?
Montoya plantea sanciones diferenciadas
El legislador de Honor y Democracia señaló que está a favor de la norma, pero pidió que se establezcan niveles de responsabilidad según el comportamiento del manifestante. “Cubrirse la cara para la protesta es un acto negativo, pero hay diversos niveles. No es lo mismo —dijo— quien tiene piedras en la mano que alguien que simplemente está de fondo”.
Para Montoya, el problema principal está en grupos que actúan con violencia y que, según afirma, utilizan la cobertura del rostro como un mecanismo para evitar identificación. Frente a ello, propone que la medida sea gradual, priorizando primero la detención preventiva de quienes estén totalmente cubiertos durante las protestas.
El parlamentario también criticó la falta de intervención policial en movilizaciones recientes. “No puede ser que la policía sea vapuleada como está ocurriendo. Lo primero es detenerlos por tener el rostro cubierto”, indicó. Su posición abre un debate sobre la proporcionalidad en el uso de la fuerza y la capacidad operativa de la Policía Nacional.
Un proyecto que endurece penas y modifica el Código Penal
El Proyecto de Ley N.º 13104/2025-CR, presentado por Medina, plantea modificar los artículos 315° y 452° del Código Penal. En la propuesta, el ocultamiento del rostro durante protestas es considerado una agravante, elevando la pena a entre ocho y diez años de prisión, además de imponer multas de 365 a 500 días.
Además, el proyecto tipifica como delito la manipulación o concurrencia forzada de menores de edad o personas con discapacidad en contextos de protesta. Para los impulsores del texto, estas conductas incrementan el riesgo, dificultan el control del orden público y exponen a personas vulnerables a escenarios de violencia.
¿Puede una pena de hasta diez años ser proporcional para quienes cubren su rostro? Esa es una de las interrogantes que empieza a surgir en el debate público y entre organizaciones civiles que ya han advertido posibles impactos sobre el derecho a la protesta, especialmente en casos donde las personas se cubren el rostro por razones de privacidad, seguridad o expresión.
El antecedente: policías heridos y marchas “no tan pacíficas”
Montoya recordó que, en las últimas movilizaciones, más de 80 policías resultaron heridos, producto de pedradas, ataques con pirotécnicos y enfrentamientos con grupos no identificados. Para el parlamentario, esta cifra demuestra la necesidad de medidas más firmes para evitar agresiones contra la autoridad.
El congresista fue enfático al señalar que todos los manifestantes con el rostro cubierto deben ser detenidos, pues considera que representan un “potencial atacante”. Según su postura, la autoridad no puede discriminar entre personas pacíficas y violentas mientras exista una cobertura de rostro que impida la identificación.
Esta visión, sin embargo, abre otra pregunta: ¿Podrá la policía distinguir entre manifestantes pacíficos que usan mascarillas por salud o clima y quienes realmente buscan cometer actos violentos? El debate ya se instaló en redes sociales, donde colectivos ciudadanos señalan que la propuesta puede llevar a “detenciones arbitrarias”.
El desafío: seguridad sin vulnerar derechos
Organizaciones vinculadas a la defensa de derechos humanos han señalado que las normas deben garantizar el equilibrio entre el derecho a la protesta y la protección del orden público. Aunque el proyecto aún deberá debatirse en comisiones, su eventual aprobación generaría un nuevo marco de actuación para las fuerzas del orden.
En un país donde las protestas han marcado la agenda política en los últimos años, este proyecto plantea una transformación significativa: pasar de un sistema basado en faltas y disposiciones administrativas a un régimen penal con penas severas y detenciones inmediatas.
El debate recién empieza, pero ya es claro que el Congreso tendrá que enfrentar la compleja pregunta: ¿cómo sancionar la violencia sin criminalizar la protesta?