La Corte Suprema de Justicia determinó que la condena impuesta a Vladimiro Montesinos Torres vencerá recién el 30 de septiembre de 2037, al corregir el cálculo del tiempo de prisión aplicado en el proceso por el caso Pativilca. Con esta decisión, el máximo tribunal dejó sin efecto una resolución previa que daba por compurgada la pena y reafirmó que el exasesor presidencial deberá continuar recluido en la Base Naval del Callao.
Mediante una ejecutoria suprema, la Sala Penal Permanente declaró nula la sentencia conformada emitida el 31 de enero de 2024 por la Cuarta Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria, en el extremo que consideraba cumplida la condena de 19 años y 8 meses de prisión. Según el fallo, el cómputo de la pena fue realizado de manera incorrecta y no se ajustó a los criterios legales aplicables en casos de graves violaciones a los derechos humanos.
Errores en el cómputo de la pena
El máximo tribunal precisó que el nuevo cálculo de la condena debe considerar el descuento de seis años de carcelería efectiva sufridos por Montesinos dentro de este proceso específico. Sin embargo, aclaró que dicho descuento no implicaba la extinción de la pena, como erróneamente se había interpretado en la resolución anulada.
En consecuencia, la Corte Suprema dispuso que el nuevo cómputo rija desde la fecha de la sentencia condenatoria, emitida el 31 de enero de 2024, y se extienda hasta el 30 de septiembre de 2037, fecha en la que recién se dará por cumplida la condena correspondiente a este proceso.
Condenas por los casos Pativilca, Caraqueño y La Cantuta
Vladimiro Montesinos fue condenado como autor mediato del delito de homicidio calificado en los casos Caraqueño y Pativilca, vinculados a ejecuciones extrajudiciales ocurridas durante el régimen de Alberto Fujimori. Asimismo, registra condenas como autor mediato de homicidio calificado, asesinato y desaparición forzada en el caso La Cantuta, uno de los episodios más emblemáticos de violaciones a los derechos humanos en el país.
Estas sentencias forman parte de un conjunto de procesos judiciales que han establecido responsabilidad penal por crímenes cometidos desde el aparato estatal, en el marco de la actuación del grupo Colina y de la estructura de poder que operó durante la década de 1990.
Corte rechaza prescripción solicitada por la defensa
En su resolución, la Corte Suprema también declaró improcedente la excepción de prescripción de la acción penal planteada por la defensa legal de Montesinos. El tribunal reiteró que los delitos por los que fue condenado constituyen graves violaciones a los derechos humanos y, por tanto, no son susceptibles de prescripción conforme a los estándares nacionales e internacionales.
Finalmente, la ejecutoria suprema ordenó notificar a las partes procesales y devolver los actuados al órgano jurisdiccional correspondiente para que se continúe con las actuaciones de ley, consolidando así la permanencia en prisión del exasesor presidencial por un periodo aún prolongado.