El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) recordó que el delito de especulación está sancionado por la legislación peruana y puede ser castigado con penas de hasta ocho años de prisión, especialmente cuando se comete en contextos de emergencia o escasez.
A través de una nota informativa, la entidad explicó que esta conducta está tipificada en el artículo 234 del Código Penal, el cual sanciona a productores, fabricantes, proveedores o comerciantes que incrementen de manera injustificada los precios de bienes o servicios esenciales, aprovechando situaciones que afectan el abastecimiento o la necesidad de la población.
Entre estos escenarios se incluyen emergencias sanitarias, desastres naturales, crisis económicas o contextos de escasez de productos, donde el aumento abusivo de precios puede afectar gravemente a los consumidores.
Según la normativa vigente, el delito de especulación contempla una pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de seis años, además de una multa de entre 180 y 365 días-multa.
Sin embargo, el MINJUSDH precisó que si este delito se comete durante un estado de emergencia declarado por el Poder Ejecutivo, la sanción se agrava y puede alcanzar penas de cuatro a ocho años de cárcel.
Concertación de precios también es sancionada
El ministerio también recordó que la concertación de precios, práctica mediante la cual empresas acuerdan fijar precios de manera coordinada para afectar la competencia, está prohibida por el Decreto Legislativo N.º 1034, Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas.
En estos casos, la entidad encargada de investigar y sancionar estas conductas es el Indecopi, organismo que puede imponer multas de hasta el 12 % de los ingresos o ventas anuales de las empresas involucradas, además de sanciones a los directivos responsables.
Asimismo, el organismo puede dictar medidas correctivas con el objetivo de restablecer la competencia en el mercado y proteger a los consumidores.
Llamado a denunciar abusos
El MINJUSDH exhortó a los agentes económicos a respetar las normas del mercado y actuar con responsabilidad, especialmente en contextos donde la población enfrenta situaciones de alta demanda o crisis de abastecimiento.
Finalmente, la institución hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar ante las autoridades competentes cualquier incremento abusivo de precios o acuerdos ilegales entre empresas, reiterando el compromiso del Estado de proteger a los consumidores y garantizar un mercado competitivo y transparente.