El ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, ha vuelto a reiterar la postura del Gobierno respecto a la minería ilegal, enfatizando que no se permitirá su inclusión en el proceso de formalización. Estas declaraciones surgen tras el reciente atentado contra la minera Poderosa en Pataz, una muestra de la violencia asociada con las actividades ilegales en la región. Castro señaló que antes de junio se presentará una nueva propuesta para la formalización de los mineros informales, con un enfoque en que los ilegales no sean parte del proceso.
El titular del Ministerio del Ambiente subrayó la creciente infiltración de mineros ilegales en la Ley del Reinfo, con la intención de presentarse como informales y acceder a los beneficios destinados a quienes buscan cumplir con los requisitos de formalización. Sin embargo, insistió en que la diferencia entre mineros ilegales e informales debe ser clara, ya que los primeros operan sin licencia y destruyen el medio ambiente. Castro resaltó que la lucha contra la minería ilegal será “frontal” y no se hará ninguna concesión a quienes violan la ley.
Para contrarrestar el poder de los grupos ilegales, el ministro propuso reforzar la presencia de las Fuerzas Armadas en las zonas de operación, y detalló que los puestos de control deberían contar con el apoyo de la Policía y la Marina para frenar el suministro de recursos a estos grupos criminales. La idea es cortar las rutas de abastecimiento y minimizar la expansión de las actividades ilegales en zonas de alta conflictividad.
La propuesta de un esfuerzo conjunto entre el Gobierno, los tres poderes del Estado y el sector privado también fue respaldada por Roberto de la Torre, presidente de la Cámara de Comercio de Lima, quien subrayó la urgencia de fortalecer la inteligencia policial para desmantelar las redes criminales en regiones como Pataz. Según de la Torre, erradicar la minería ilegal y sus efectos negativos es fundamental para el desarrollo sostenible del país.
