En declaraciones a RPP Noticias, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, detalló la posición del Poder Ejecutivo, liderado por Dina Boluarte, respecto al indulto concedido a Alberto Fujimori y su liberación. Boluarte optó por obedecer la sentencia del Tribunal Constitucional, ignorando la recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) de mantener al expresidente tras las rejas.
Según Arana, la Corte IDH ya no tiene jurisdicción sobre los casos Barrios Altos y La Cantuta, por los cuales Fujimori fue condenado. No obstante, señaló que la apelación de los deudos de las víctimas está pendiente de revisión por parte de la corte internacional.
El ministro explicó que, desde su perspectiva, la orden de la Corte IDH no debería ser acatada, ya que, hasta el indulto otorgado por Pedro Pablo Kuczynski, el Estado peruano venía cumpliendo con la sentencia que condenó a Fujimori por los crímenes de su dictadura.
Las acciones de supervisión anunciadas en abril de 2022, tras la aceptación del hábeas corpus presentado por Fujimori, serán examinadas en el pleno de la Corte IDH en 2024, según Arana.
«¿Qué le queda a la corte (Corte IDH)? La corte ya no puede pronunciarse absolutamente nada sobre la sentencia de Barrios Altos ni de La Cantuta porque es un proceso que ha terminado en la corte», comentó.
Arana negó la injerencia de la presidenta Dina Boluarte y el sector Justicia y Derechos Humanos en la sentencia del Tribunal Constitucional, afirmando que en Perú «las sentencias se deben cumplir conforme a la Constitución». Descartó que el gobierno haya evaluado seguir la orden de la Corte IDH y tramitar un nuevo indulto a Fujimori.
Admitió que el Estado no ha ejecutado completamente la sentencia de la Corte IDH en los casos Barrios Altos y La Cantuta.
En la conferencia de prensa del 19 de diciembre, Boluarte mencionó que la decisión de liberar a Fujimori se debió a la demora de la Corte IDH en resolver la medida cautelar presentada por los familiares de las víctimas. La mandataria instó a la corte internacional a ser más expedita en sus procesos para permitir el cumplimiento de las normas internas.
