El Ministerio del Interior (Mininter) y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) impulsaron una mesa de trabajo estratégica con la Policía Nacional del Perú (PNP), operadores de telefonía móvil y diversas instituciones públicas, con el objetivo de fortalecer la lucha contra la extorsión y el uso indebido de tecnología para delinquir.
Coordinación interinstitucional
El encuentro fue liderado por el ministro del Interior, Vicente Tiburcio Orbezo, quien destacó que la criminalidad “ha encontrado nuevas herramientas tecnológicas para sembrar miedo en la población”, y que la respuesta del Estado debe ser “igual de rápida, moderna y coordinada”.
Por su parte, el titular del MTC, Aldo Prieto, enfatizó la necesidad de que las empresas operadoras de telefonía móvil colaboren activamente con las autoridades del sistema de justicia para frenar la utilización de celulares como medio de amenaza y extorsión.
Compromisos asumidos
Entre las acciones acordadas, destacan:
- La PNP, a través de la Dirincri y la Dirciberd, agilizará las solicitudes de levantamiento del secreto de las comunicaciones a las empresas de telefonía para avanzar en investigaciones.
- La Superintendencia Nacional de Migraciones compartirá información de su plataforma de identidad de extranjeros como apoyo a la investigación de delitos.
- El MTC evaluará modificaciones normativas para que la activación de chips requiera el uso de biometría de RENIEC, incluyendo verificación facial, además de reforzar la revalidación de números y control en la venta de chips.
- Las empresas de telecomunicaciones presentarán un pliego con problemas y soluciones a corto plazo para contribuir a contrarrestar la extorsión.
Participantes clave
La mesa de trabajo contó con la participación de viceministros del Mininter y MTC, el comandante general de la PNP, coordinadores de las fiscalías especializadas, representantes del Poder Judicial, RENIEC, Osiptel, Asbanc, y las empresas América Móvil, Integratel, Viettel y Entel.
Con estas acciones, el Gobierno peruano busca fortalecer la seguridad ciudadana mediante la cooperación público-privada y la adopción de tecnologías que permitan prevenir y sancionar la extorsión de manera más efectiva.