El Ministerio del Interior (Mininter) dispuso el retiro de la seguridad personal que se brindaba a Delia Espinoza, luego de que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) aprobara su suspensión como fiscal suprema y fiscal de la Nación por un plazo de seis meses.
La medida fue comunicada a la magistrada mediante un oficio remitido este sábado por el Departamento de Protección de Funcionarios y Personalidades del Estado (DEPPFEP) de la Policía Nacional del Perú, firmado por el comandante PNP Marco Romero. El documento señala que, en virtud de la resolución de la JNJ, se procede a suspender el servicio de protección otorgado a Espinoza en su calidad de alta funcionaria del Estado.
Espinoza pide protección
La decisión se produjo pese a que, en una conferencia de prensa realizada el viernes, Espinoza solicitó al ministro del Interior, Carlos Malaver, mantener el resguardo policial debido a las investigaciones de crimen organizado que tuvo a su cargo. “Temo por mi vida”, advirtió la suspendida fiscal de la Nación.
En entrevista con RPP, Luciano López, abogado de Delia Espinoza cuestionó la disposición y afirmó que se trata de una medida “abiertamente irregular”. “Ella aún ostenta el cargo de fiscal suprema, aunque no pueda ejercer funciones como fiscal de la Nación. Retirarle la seguridad en estas circunstancias reviste gravedad política y jurídica”, indicó en declaraciones a RPP.
López recordó además que, en una reciente audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se solicitó la adopción de medidas cautelares para proteger la integridad física de Espinoza.
Contexto de la suspensión
La JNJ resolvió suspender a Delia Espinoza el viernes 19 de septiembre por un periodo de seis meses, tras acusarla de cometer faltas graves e infringir la Ley de la Carrera Fiscal. Entre las imputaciones figura no haber ejecutado la resolución que restituía a Patricia Benavides como titular del Ministerio Público y, presuntamente, instigar a personal de la institución para impedir su reincorporación.
Con la suspensión en marcha y sin seguridad policial asignada, el Ministerio Público atraviesa un nuevo episodio de crisis institucional mientras se define quién asumirá la conducción de la Fiscalía de la Nación.