La presidenta Dina Boluarte advirtió que la minería ilegal en Perú viene costándole al país miles de millones de soles, limitando gravemente la capacidad del Estado para ejecutar obras públicas esenciales. En su reciente mensaje a la Nación, Boluarte señaló que esta actividad ilícita ha provocado una pérdida de más de S/ 7.500 millones en ingresos tributarios. Además, el Gobierno proyecta que para 2025 las pérdidas fiscales en Perú superarán los S/ 7.800 millones, impactando directamente en el impuesto a la renta y el canon minero de al menos seis regiones.
Según el Ministerio de Energía y Minas (Minem), la minería ilegal ha arrasado con más de 19 millones de hectáreas, incluyendo 180 mil en la Amazonía peruana. Esta destrucción no solo compromete el medio ambiente, sino que representa una oportunidad perdida para el desarrollo. Con los recursos evadidos entre 2023 y 2025, el Estado pudo haber financiado infraestructura crítica como escuelas rurales, centros de salud y plantas de tratamiento de aguas residuales.
El ministro Jorge Montero advirtió que las regiones más afectadas serán Puno, Arequipa, Madre de Dios, La Libertad, Apurímac y Ayacucho. Estas zonas dependen directamente del canon minero para impulsar su desarrollo. Montero también destacó que la minería ilegal frena el crecimiento económico, contamina ecosistemas y vulnera derechos laborales. En respuesta, el Gobierno trabaja en una nueva Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal para promover la formalización minera y excluir a los operadores ilegales.
Por su parte, el ministro del Interior, Carlos Malaver, respaldó la actuación de la Policía Nacional del Perú frente a los bloqueos de vías promovidos por operadores ilegales. Indicó que se priorizó el diálogo y el respeto a los derechos ciudadanos, mientras se aseguraba el libre tránsito. Las autoridades recalcan que combatir la minería ilegal es vital para la estabilidad institucional y evitar un mayor deterioro económico y social.
