El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) dispuso este lunes una intervención inmediata en el ‘Hogar Refugio La Casa del Padre’, institución fundada por la congresista y pastora Milagros Jáuregui. La medida se adoptó luego de que la legisladora admitiera públicamente que en dicho centro se obliga a niñas víctimas de violación a llevar sus embarazos a término, una práctica que organismos internacionales como la ONU equiparan con actos de tortura.
A través de un comunicado, el ministerio liderado por Sandra Gutiérrez precisó que la intervención tiene carácter sumario y busca verificar si el establecimiento privado cumple con los estándares de protección integral y atención exigidos por la normativa vigente. El MIMP enfatizó que actuará bajo el principio del Interés Superior del Niño para determinar responsabilidades ante cualquier vulneración de derechos detectada en el lugar.
Controversia por el respaldo estatal y la exposición de menores
La intervención del MIMP desmiente las afirmaciones de la congresista Jáuregui, quien sostuvo que su refugio operaba bajo la “supervisión permanente” de la cartera y que incluso había recibido visitas de exministros que avalaban la “excelencia” de sus servicios. Jáuregui defendió su labor asegurando que el centro actúa en apoyo complementario al Estado, atendiendo a menores de entre 10 y 13 años que han sufrido abuso sexual.
Sin embargo, la indignación pública escaló tras la difusión de imágenes en las que menores de edad aparecen sosteniendo a sus bebés nacidos de embarazos impuestos. Organizaciones como el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán calificaron de “abominable” la exposición de las niñas para respaldar discursos antiderechos, denunciando una clara vulneración a su privacidad y salud mental.
Denuncias de tortura y violencia espiritual
La Red de Sobrevivientes Perú advirtió que el material publicado por el refugio en redes sociales evidencia conductas de violencia psicológica, espiritual y económica en un entorno de fe. Por su parte, la comunidad internacional ha sido enfática en señalar que negar el aborto terapéutico a niñas víctimas de violación constituye una grave violación a los derechos humanos.
Mientras la congresista afirma que “ninguna de las niñas se arrepiente” de haber dado a luz, las instituciones civiles exigen que el Estado asuma su rol tutelar y retire a las menores de entornos que perpetúan el trauma del abuso mediante la imposición de la maternidad infantil. El proceso de fiscalización del MIMP determinará el futuro legal del albergue y las sanciones que correspondan a sus administradores.