Martín Vizcarra: Poder Judicial evalúa prisión preventiva por presuntos sobornos en Moquegua

El expresidente se enfrenta a una nueva audiencia que podría enviarlo al penal de Barbadillo, acusado de recibir S/2,3 millones en coimas cuando fue gobernador regional.

por Edgar Mandujano

¿Por qué se reevalúa la situación legal de Martín Vizcarra?

El Poder Judicial realizará este jueves 8 de agosto, a las 11:00 a. m., una nueva audiencia para decidir si impone prisión preventiva contra Martín Vizcarra, expresidente de la República, por los casos conocidos como ‘Lomas de Ilo’ y ‘Hospital de Moquegua’. El Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, bajo la conducción de un nuevo juez, asumirá el caso luego de que la Corte Superior Nacional anulara el fallo previo que rechazó el pedido fiscal.


¿Qué motivó esta nueva audiencia contra Vizcarra?

La audiencia se produce tras la decisión de la Tercera Sala Penal de Apelaciones, que declaró fundada la apelación del Ministerio Público contra el fallo del juez Víctor Alcocer, quien había desestimado el pedido de seis meses de prisión. La sala también dejó sin efecto las medidas de comparecencia con restricciones y ordenó que otro juez evalúe nuevamente el caso. A pesar de la gravedad del pedido, el expresidente no está obligado a asistir personalmente a la diligencia.


¿De qué se le acusa exactamente al expresidente?

Según la acusación fiscal, Martín Vizcarra habría recibido S/2,3 millones en sobornos de las empresas ICCGSA y Obrainsa a cambio de favorecerlas en la adjudicación de obras durante su gestión como gobernador regional de Moquegua. Estos hechos configurarían el delito de cohecho pasivo propio, en la modalidad de corrupción de funcionarios públicos. Las compañías implicadas habrían reconocido los pagos ilegales en el marco de un acuerdo de colaboración eficaz con el Ministerio Público.


¿Vizcarra podría ir a prisión como otros expresidentes?

De concretarse el pedido de la Fiscalía, Vizcarra se sumaría a la lista de expresidentes peruanos que han pasado por el penal de Barbadillo, como Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Castillo. La Fiscalía advierte sobre el peligro de fuga y una eventual obstrucción de la justicia por parte del expresidente, debido a sus constantes viajes al interior del país, que él justifica como parte de sus actividades como “simpatizante” del partido político Perú Primero, pese a estar inhabilitado para ejercer cargos públicos por diez años.


¿Qué restricciones se le habían impuesto y por qué fueron anuladas?

Previo a esta resolución, Vizcarra debía cumplir una serie de restricciones, como no acudir a embajadas, no comunicarse con personal diplomático, no salir del país sin autorización, y presentarse al control biométrico cada mes. Sin embargo, dichas medidas quedaron sin efecto con la decisión de la Sala Penal que ordenó revisar nuevamente el pedido de prisión preventiva. La Fiscalía sostiene que la resolución anterior contenía errores procesales y de valoración de pruebas, debilitando el control sobre el imputado.

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