La parlamentaria Martha Moyano, de Fuerza Popular, se pronunció este jueves 11 de septiembre sobre la reciente decisión judicial que declaró inaplicable la Ley N.º 32419, conocida como la Ley de Amnistía a Fuerzas Armadas y Policía, en un caso de desaparición forzada en Ayacucho. La legisladora respaldó al premier Eduardo Arana, quien sostuvo que los jueces peruanos tienen autonomía para decidir si aplican o no la norma.
Moyano enfatizó que el Sistema de Derechos Humanos Internacional no puede ir encima de la Constitución peruana, y que los magistrados no están obligados a obedecer al pie de la letra las órdenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) cuando estas contravienen normas nacionales.
Contexto del caso y postura de la congresista
El debate surge a raíz del juicio contra el general en retiro Petronio Baltazar Fernández Dávila Carnero, exjefe político-militar de Ayacucho, quien solicitó la aplicación de la Ley de Amnistía para archivar su proceso penal. Sin embargo, el juez Jorge Luis Chávez Tamariz, del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, decidió inaplicar la norma argumentando incompatibilidad con tratados internacionales de derechos humanos y la jurisprudencia de la Corte IDH.
“El derecho de amnistía dispuesto por el Parlamento y promulgado por la presidenta de la República es anticonvencional y no supera otros derechos enfrentados, como el derecho a la verdad y la tutela jurisdiccional efectiva”, indicó la parlamentaria, haciendo referencia al artículo 44 de la Constitución que obliga al Estado a garantizar la plena vigencia de los derechos humanos.
Reacciones de Fuerza Popular y respaldo al premier
Martha Moyano se alineó con la postura de Arana, quien había declarado que los jueces peruanos cuentan con autonomía y no deben seguir al pie de la letra los dictámenes de la Corte IDH sobre la Ley de Amnistía. La congresista subrayó que esta decisión refleja la necesidad de equilibrar el respeto a tratados internacionales con la soberanía nacional y la vigencia de la Constitución.
La parlamentaria cuestionó que el Sistema Internacional de Derechos Humanos pueda prevalecer sobre normas nacionales y señaló que la Corte IDH no debería ordenar a los jueces abstenerse de aplicar leyes dictadas por el Congreso de la República, especialmente en casos sensibles que involucran justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos.
El debate sobre la autonomía judicial en Perú
El caso de la Ley de Amnistía ha abierto un debate en el Congreso sobre el rol de la Corte IDH, la autonomía del Poder Judicial y el alcance de las leyes aprobadas en el país. Algunos analistas advierten que decisiones de esta naturaleza podrían generar tensiones entre el marco constitucional peruano y los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
Moyano sostuvo que los jueces deben interpretar la ley con independencia y no dejarse presionar por decisiones externas que puedan contradecir la Constitución. Además, afirmó que la medida busca garantizar que el Parlamento y el Ejecutivo cumplan su función, al tiempo que se protege la soberanía judicial del país.
