El panorama electoral suma un nuevo capítulo de confrontación legal. Mario Vizcarra, líder de la organización política Perú Primero, anunció que este mediodía presentará un recurso de apelación contra la tacha admitida por el Jurado Electoral Especial (JEE), la cual busca excluirlo de la contienda electoral debido a una sentencia firme por el delito de peculado emitida hace dos décadas.
En declaraciones a la prensa, el aspirante presidencial calificó la medida como una “leguleyada” y un intento sistemático por impedir su participación. Vizcarra fundamenta su defensa en que, si bien existe la Ley N.° 30717 —que prohíbe la postulación de sentenciados por delitos dolosos—, la interpretación del Tribunal Constitucional (TC) debería primar sobre la norma ordinaria. Según el político, existen al menos cinco resoluciones del máximo intérprete de la Constitución que permitirían postular a ciudadanos con antecedentes penales ya cumplidos y rehabilitados.
Cuestionamientos al Tribunal Constitucional
La estrategia de Vizcarra no solo apunta al órgano electoral, sino también a la actual conformación del TC. El líder de Perú Primero arremetió contra la presidenta del tribunal, Luz Pacheco, acusándola de haber vulnerado el deber de neutralidad al adelantar opinión sobre su caso.
“Ella tiró abajo la neutralidad. Eso ya mostraba la animadversión que tienen a mi postulación”, afirmó Vizcarra, confirmando además que ha interpuesto una denuncia formal contra la magistrada. La controversia radica en que, mientras Vizcarra cita precedentes favorables, el colegiado actual del TC ha mantenido en decisiones recientes la improcedencia de candidaturas para personas con condenas firmes, independientemente de su rehabilitación.
El origen de la sentencia
Durante su defensa pública, Vizcarra abordó los detalles de la condena de tres años (sin prisión efectiva) que recibió en 2005. Los hechos se remontan a su gestión como presidente del Consejo Transitorio de Administración Regional (CETAR) durante el gobierno de transición de Valentín Paniagua.
El exmandatario explicó que la acusación de peculado se debió a un esquema de pagos que incluía un sueldo estatal y un bono del PNUD, un mecanismo que, según sostiene, era generalizado en la administración pública de la época. “No fue doble sueldo. El único sueldo que recibí del Estado fue de 1,800 soles”, precisó, admitiendo además que se arrepiente de no haber apelado dicha sentencia en su momento por “decepción del sector público”.
La apelación de Perú Primero deberá ser resuelta en segunda instancia por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), aunque el caso podría escalar finalmente hasta el propio Tribunal Constitucional para una definición definitiva sobre su elegibilidad.