Venta ilegal de chips: un riesgo para la seguridad ciudadana
La congresista Maricarmen Alva mostró su profunda preocupación ante la persistente venta clandestina de chips telefónicos en el país, pese a la Ley N.° 32451, norma que ella promovió y que prohíbe la comercialización de chips preactivados y sanciona la activación de líneas sin autorización.
“Cada chip vendido ilegalmente puede ser una herramienta para extorsionar, estafar o suplantar a un ciudadano. No podemos seguir mirando al costado mientras la delincuencia avanza”, afirmó Alva, señalando que esta práctica pone en riesgo la seguridad de millones de peruanos y la integridad de sus datos personales.
Oficio a OSIPTEL: exigiendo responsabilidad y acciones concretas
La parlamentaria remitió un oficio al Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), solicitando información detallada sobre las acciones de supervisión y control implementadas desde la promulgación de la ley.
En su comunicación, Alva pidió conocer las medidas adoptadas para identificar y sancionar la venta ambulatoria de chips, la coordinación con el Ministerio del Interior, el MTC y las empresas operadoras, así como la realización de campañas de prevención para educar a la ciudadanía sobre los riesgos de adquirir líneas irregulares.
Impacto de los chips ilegales en la extorsión y delitos digitales
Los especialistas en seguridad ciudadana coinciden en que la venta ilegal de chips alimenta delitos como extorsión, fraude y robo de identidad. Las mafias aprovechan la facilidad de acceso a líneas móviles preactivadas para operar con total impunidad, afectando tanto a personas como a empresas.
La ley que impulsa Alva busca cerrar este vacío legal, protegiendo la identidad de los usuarios y estableciendo sanciones penales para quienes comercialicen o activen líneas de manera irregular. Sin embargo, la parlamentaria insiste en que la norma no basta si no hay fiscalización efectiva por parte de las autoridades competentes.
Medidas de fiscalización y prevención solicitadas
Entre los puntos clave del oficio enviado a OSIPTEL, Alva exige:
- Información sobre los mecanismos de fiscalización implementados.
- Coordinación con la PNP y operadoras de telecomunicaciones para detectar líneas activadas ilegalmente.
- Estrategias de prevención y campañas educativas dirigidas a la población.
La congresista recalcó que la ley busca evitar que la delincuencia continúe aprovechando la venta ilegal de chips para cometer delitos de alto impacto, y subrayó la importancia de aplicar las sanciones establecidas.
El rol de OSIPTEL y la necesidad de respuestas inmediatas
OSIPTEL, como regulador del sector de telecomunicaciones, tiene la responsabilidad de vigilar, sancionar y garantizar el cumplimiento de la ley. Sin embargo, según Alva, la venta ambulatoria de chips persiste, evidenciando una brecha en la supervisión que requiere atención urgente.
“La ley ya existe. Ahora toca hacerla cumplir. No podemos permitir que la delincuencia avance mientras las instituciones se limitan a observar”, enfatizó la parlamentaria, demandando transparencia y eficacia en las acciones del regulador.
Fortalecimiento de la seguridad ciudadana mediante leyes efectivas
La Ley N.° 32451, aprobada en septiembre de 2025, representa un paso significativo para proteger la identidad de los usuarios y reforzar la seguridad ciudadana. Establece penas para quienes comercialicen o activen chips prepagados sin autorización y busca cortar la cadena de suministro que alimenta actividades criminales.
Alva reiteró que su compromiso es seguir fiscalizando el cumplimiento de la norma, impulsando acciones concretas que garanticen la protección de la población y el respeto a la ley.
Compromiso político y seguimiento continuo
La congresista aseguró que mantendrá un seguimiento constante al trabajo de OSIPTEL, exigiendo reportes periódicos y resultados tangibles. Su objetivo es que el organismo supervise con eficiencia, aplique sanciones a los infractores y trabaje en coordinación con la Policía Nacional y las operadoras para eliminar la venta ilegal de chips a nivel nacional.
“La seguridad de los ciudadanos no puede depender de la buena voluntad de las mafias; requiere acción del Estado y cumplimiento de la ley”, concluyó Alva, reafirmando su postura de vigilancia y exigencia de responsabilidad institucional.