María del Carmen Alva impulsa sanción penal para quienes presten cuentas a delincuentes

La congresista de Acción Popular anunció una propuesta para incorporar en el Código Penal una figura que castigue a quienes faciliten cuentas usadas por organizaciones criminales. También pidió que Ética actúe de oficio en el caso de Lucinda Vásquez.

por Edgar Mandujano

La congresista María del Carmen Alva, presidenta de la Comisión Especial del Sistema de Justicia del Congreso, rechazó los cuestionamientos que señalan que el Parlamento ha aprobado leyes que favorecen la impunidad o debilitan la lucha contra el crimen organizado.

En declaraciones a Canal N, Alva sostuvo que varias de las normas aprobadas por el Legislativo buscan fortalecer la seguridad ciudadana, aunque reconoció que algunas disposiciones restrictivas sobre figuras como la colaboración eficaz o los allanamientos fueron debatidas para evitar abusos procesales.

Rechazo totalmente esa narrativa. Hemos debatido con especialistas y, en muchos casos, yo misma voté en contra de ciertas propuestas, pero otras fueron necesarias para mejorar el sistema”, señaló.

La legisladora enfatizó que el aumento de la criminalidad no es consecuencia de la labor del Congreso. “No es un tema de leyes, sino de cómo actúan la Fiscalía, el Poder Judicial y la Policía”, subrayó.


Nueva figura penal para frenar las cuentas del delito

Alva anunció una reforma penal que busca sancionar a quienes presten o alquilen sus cuentas bancarias o digitales para que sean utilizadas por organizaciones criminales. Esta práctica, cada vez más frecuente en casos de extorsión y lavado de dinero, actualmente no está tipificada en el Código Penal.

“Hoy con un código cualquiera puede acceder a una cuenta. Lo que se plantea es exigir verificación biométrica para evitar este delito creciente”, explicó.

Según información de la Policía Nacional del Perú (PNP), existe un elevado número de operaciones vinculadas a extorsiones bancarizadas realizadas con cuentas falsas o prestadas. La nueva norma crearía un tipo penal específico para responsabilizar a los titulares de dichas cuentas.

¿Qué contempla la propuesta?
La medida incluirá la identificación biométrica obligatoria —huella digital o reconocimiento facial— tanto para abrir cuentas como para usar aplicaciones financieras. El objetivo es frenar el anonimato digital que utilizan las redes criminales para operar con impunidad.


Escuela Nacional de Justicia: la alternativa a la JNJ

En el marco de las reformas institucionales, María del Carmen Alva propuso reemplazar la actual Junta Nacional de Justicia (JNJ) por una Escuela Nacional de Justicia, que se encargaría de formar, seleccionar y evaluar a jueces y fiscales bajo un modelo meritocrático.

“Queremos un sistema similar a la Escuela Diplomática, donde se ingrese por mérito y no por favores políticos”, explicó.

La propuesta será debatida en noviembre dentro de la Comisión Especial del Sistema de Justicia, y requeriría una reforma constitucional para su implementación. De aprobarse, marcaría un cambio profundo en la estructura del sistema judicial peruano.

¿Por qué busca reemplazar la JNJ?
Según Alva, la actual institución ha perdido legitimidad y confianza ciudadana. Su planteamiento busca profesionalizar el acceso a la magistratura y garantizar independencia en la carrera judicial.


Llamado a Ética por el caso Lucinda Vásquez

Consultada sobre la agresión física cometida por la congresista Lucinda Vásquez contra una trabajadora del Parlamento, Alva pidió que la Comisión de Ética actúe de oficio.

“El hecho daña la imagen del Congreso y no puede quedar impune. Tengo entendido que la Comisión ya está iniciando las acciones correspondientes”, afirmó.

La parlamentaria de Acción Popular insistió en que el Legislativo debe dar el ejemplo y aplicar sanciones proporcionales para preservar la credibilidad institucional.


Un Congreso bajo presión y reformas en debate

El Parlamento se encuentra en medio de una intensa discusión sobre su rol frente a la crisis de seguridad ciudadana. Mientras sectores políticos piden derogar leyes que consideran “pro-crimen”, otros, como Alva, defienden la necesidad de ajustar el marco penal y tecnológico para responder a los nuevos patrones delictivos.

En esa línea, la propuesta de incluir la figura penal para prestadores de cuentas bancarias apunta a cerrar uno de los vacíos legales más explotados por las mafias digitales y las redes de extorsión que operan desde cárceles y plataformas en línea.

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