María Acuña regresa a la presidencia de la Comisión de Vivienda en medio de controversia por terreno en Surco

La designación se dio en un contexto donde este grupo de trabajo tiene un rol clave en las políticas de desarrollo urbano y acceso a vivienda formal en el país.

por Edgar Mandujano

En medio de cuestionamientos por presunta invasión de terreno público en Lima, la congresista de Alianza para el Progreso, María Acuña, fue elegida nuevamente presidenta de la Comisión de Vivienda y Construcción para el periodo legislativo 2025-2026. La designación se dio en un contexto donde este grupo de trabajo tiene un rol clave en las políticas de desarrollo urbano y acceso a vivienda formal en el país.


¿Qué implica la elección de María Acuña como presidenta de la Comisión de Vivienda?

Durante la conformación de las mesas directivas de las comisiones parlamentarias para el nuevo periodo legislativo, la bancada Alianza para el Progreso confirmó a María Acuña como líder de la Comisión de Vivienda y Construcción. Este espacio parlamentario es fundamental para debatir y aprobar iniciativas relacionadas con la planificación territorial, servicios básicos, desarrollo urbano y construcción segura.

Aunque Acuña no preside la comisión de forma consecutiva, esta es su segunda vez al mando, lo que evidencia la confianza de su bancada en su gestión.


¿Cuándo y dónde ocurrió esta designación?

La elección se llevó a cabo en el Congreso de la República, durante las primeras semanas del periodo legislativo 2025-2026, en Lima. La sesión tuvo lugar en el marco de la instalación oficial de las comisiones y la conformación de las mesas directivas.


¿Cuál es la denuncia que pesa sobre la congresista?

El programa de investigación periodística Cuarto Poder difundió una investigación que acusa a María Acuña de haber invadido un terreno público en el distrito limeño de Santiago de Surco. Según el reportaje, la legisladora habría construido de manera irregular en dicha área.

Esta denuncia generó preocupación y rechazo por parte del alcalde de Surco, Carlos Bruce, quien anunció que su gestión podría proceder con medidas administrativas, incluyendo la demolición de la construcción en cuestión, tras realizar las verificaciones pertinentes.


¿Qué responde María Acuña frente a las acusaciones?

La congresista negó de forma categórica las acusaciones y afirmó que la propiedad corresponde a una urbanización privada bajo su legítima titularidad. Señaló que los reportajes contienen “versiones equivocadas o con mala intención” que afectan su reputación y la de otros parlamentarios.

Asimismo, indicó que ha enviado cartas notariales a los medios responsables exigiendo una rectificación formal de la información difundida.


¿Cómo se ha desarrollado el conflicto con la Municipalidad de Surco?

El alcalde Bruce expresó públicamente su intención de proceder con acciones legales para regularizar o, de ser necesario, demoler la construcción irregular. No obstante, Acuña enfatizó que cualquier intervención debe seguir el debido proceso administrativo y no debe estar sujeta a presiones mediáticas ni intereses políticos.

Afirmó que no mantiene acuerdos ni arreglos con la municipalidad y exigió que las autoridades actúen conforme a la ley y respetando los procedimientos establecidos.


¿Cuáles son las prioridades de María Acuña al frente de la Comisión de Vivienda?

En su discurso tras asumir la presidencia, Acuña resaltó que se enfocará en fortalecer la formalización urbana y garantizar el acceso a servicios básicos como agua potable y saneamiento en las zonas más vulnerables.

También adelantó que promoverá proyectos para incentivar la inversión privada en vivienda, buscando ampliar la oferta habitacional formal en todo el país, con especial atención a las familias de bajos recursos.


¿Qué impacto tiene esta situación para el Congreso y el sector vivienda?

La reelección de Acuña en la Comisión de Vivienda ocurre en un momento clave para la política de vivienda y urbanismo en Perú, en un contexto marcado por la necesidad de formalizar la propiedad y mejorar la infraestructura social.

Sin embargo, la denuncia por invasión de terreno genera cuestionamientos sobre la ética y transparencia de los parlamentarios, afectando la imagen del Congreso y poniendo en debate la responsabilidad de sus miembros.

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