Hoy, 7 de diciembre, diversas organizaciones sindicales y civiles se movilizan en Lima y distintas regiones del país bajo el lema «Que se vayan todos». La protesta, que se extenderá hasta el 9 de diciembre, tiene como objetivos la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, la fiscal de la Nación Patricia Benavides, y el defensor del Pueblo Josué Gutiérrez. También se busca expresar la más alta desaprobación al Congreso y manifestar el rechazo a la liberación de Alberto Fujimori.
La movilización, convocada por el secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), Gerónimo López, representa la indignación de la clase trabajadora y la ciudadanía ante actos de corrupción y maniobras de autoridades. En Lima, la marcha inicia a las 3:00 p.m. en la plaza Dos de Mayo y se dirige hacia el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Congreso, finalizando en la plaza San Martín.
Este 7 de diciembre también marca el primer aniversario de la presidencia de Dina Boluarte, cuyo régimen enfrenta un alto nivel de rechazo, según la última encuesta de IEP que registra un 85% de desaprobación, la cifra más baja desde su asunción.
La jornada de protesta cuenta con la participación confirmada de la Coordinadora Nacional Unitaria de Lucha (CNUL), la CGTP, la Central Unitaria Nacional de Rondas Campesinas del Perú (Cunarc), organización Manuela Ramos, y el Frente de Egresados y Egresadas de la Universidad Mayor de San Marcos (UNMSM).
Además de Lima, habrá movilizaciones en varias regiones como Puno, Cusco, Junín, Arequipa, Huánuco, Apurímac, Ica, Ayacucho, Cajamarca, La Libertad, Piura, Lambayeque, San Martín, Áncash y Tumbes.
En Puno, epicentro de las protestas, se anunció el bloqueo de las cuatro salidas de Juliaca como medida de lucha. En Arequipa, al menos 24 organizaciones de la Asamblea Nacional de Pueblos de Arequipa (ANPA) participarán en las marchas, comenzando en la plaza España y recorriendo el centro de la ciudad.
La presidenta Boluarte convocó a una marcha por la paz en respuesta a las protestas en su contra. Ante las manifestaciones, la Policía Nacional desplegará cerca de 7.000 efectivos para garantizar la seguridad, allanando previamente un albergue de manifestantes y restringiendo el acceso a su abogado defensor.
