Un asesinato que remece a Lima Sur
El asesinato de Daniel Cedeño Alonso, chofer de la empresa Lipetsa, ocurrido el sábado 4 de octubre en San Juan de Miraflores, ha encendido la indignación de transportistas y vecinos. El crimen, perpetrado a balazos, se dio en un contexto de creciente ola de extorsiones contra el transporte público que ya ha dejado decenas de víctimas en Lima y provincias. Este hecho se convirtió en el detonante del paro de transportistas que paralizó a Lima y Callao este lunes 6 de octubre.
Sin embargo, la atención no solo está en la protesta gremial, sino también en las polémicas declaraciones del ministro del Interior, Carlos Malaver, quien relativizó la gravedad del crimen al señalar que la víctima era “de nacionalidad venezolana” y que, hasta el momento, no existían pruebas de un vínculo con organizaciones criminales.
“Era venezolano, no ha sido extorsión”
En declaraciones a RPP Noticias, Malaver se mostró “sorprendido” por el anuncio del paro y trató de desvincular el crimen de la ola de extorsiones que afecta al sector. “No pueden así tan alegremente o tan rápidamente, por favor, decir que simplemente ante el fallecimiento de alguien pueda ser el paro de motores. Señores, nosotros estamos cumpliendo a todos los conductores”, afirmó.
El ministro aseguró que el caso estaba en investigación y que no se podía “aventurar” a señalar un móvil extorsivo. “La víctima es de nacionalidad venezolana, quien en vida fue Daniel Cedeño Alonso. Cinco casquillos impactaron en su cuerpo. Su esposa, también venezolana, está separada y en proceso de divorcio. Además, el gerente de operaciones de Lipetsa indica que no ha sido víctima de amenazas o llamadas por extorsión”, declaró.
Las palabras del titular del Interior fueron interpretadas como un acto de discriminación y xenofobia, generando una avalancha de críticas en redes sociales. Usuarios, analistas y gremios transportistas denunciaron que el ministro intentaba minimizar la crisis de seguridad con argumentos fuera de lugar, responsabilizando indirectamente a la nacionalidad de la víctima en lugar de al crimen organizado.
El rechazo del gremio transportista
El dirigente Martín Ojeda, de la Cámara Internacional del Transporte (CIT), respondió con firmeza: “No es un caso aislado, señor ministro. Son más de 460 empresas que han paralizado ante la inseguridad y la incapacidad del Gobierno de dar garantías. El asesinato de Daniel Cedeño es la gota que rebalsó el vaso”.
Ojeda recordó que en lo que va del 2025 más de 20 conductores y empresarios han sido asesinados en circunstancias vinculadas a mafias extorsivas, y que la situación en provincias es aún más dramática. “El ministro no puede tapar el sol con un dedo. El país entero ve cómo la delincuencia organizada somete al transporte público”, sentenció.
¿Dónde estaban Dina Boluarte y López Aliaga?
El mismo día en que estalló la controversia por las declaraciones de Malaver, se celebró en la Catedral de Lima la tradicional Misa de la Nación por el Señor de los Milagros, presidida por el cardenal Pedro Barreto. Ni la presidenta Dina Boluarte ni el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, asistieron al acto religioso.
La ausencia de las principales autoridades políticas en un evento de alta carga simbólica fue interpretada como un signo de desconexión con la crisis social y de seguridad que atraviesa el país. Para muchos, el Gobierno y la Municipalidad de Lima dejaron un vacío de liderazgo justo cuando los ciudadanos demandan respuestas y acciones frente a la violencia criminal.
Un paro marcado por el crimen y la polémica
El asesinato de Cedeño Alonso y la respuesta de Malaver marcan el telón de fondo del paro de transportistas en Lima y Callao, que este lunes 6 de octubre afectó a cientos de miles de pasajeros. Más de 400 empresas suspendieron sus servicios como medida de protesta ante la indefensión frente a las mafias extorsivas.
La crisis evidencia la creciente desconfianza de la población hacia las autoridades. Mientras los transportistas exigen garantías para su seguridad, el discurso del ministro del Interior no solo alimenta la indignación, sino que también abre un nuevo debate: ¿hasta qué punto la xenofobia y la minimización política se están usando para ocultar la incapacidad del Estado frente al crimen organizado?