Por: Carlos Paredes *
Desde comienzos de este año, un grupo de medios empezó a publicar ––en sucedáneos capítulos, con versiones y protagonistas distintos–– la historia de un supuesto complot del fujimorismo en complicidad con la Autoridad Nacional del Control del Ministerio Público (ANC) contra tres fiscales controvertidos, investigables e investigados. Tan polémicos como histriónicos, Rafael Vela Barba, José Domingo Pérez y Marita Barreto Rivera son el ejemplo de que algo anda mal en la fiscalía. No solo por los pobres resultados de su trabajo, que consiste básicamente en aportar la carga de la prueba de los delitos que investigan, sino porque los tres muestran un evidente desbalance patrimonial. Vela y Barreto poseen casas de medio millón de dólares sin explicar fehacientemente cuál es el origen del dinero con el que adquirieron, remodelaron o amueblaron (con “todo de primera”, como la misma Barreto lo señaló) sus casas en La Molina y Asia. Pérez, por su parte, también tiene un desbalance patrimonial de por lo menos 70 mil soles, según investigación del fiscal superior Reggis Oliver Chávez Sánchez. Por todo esto, y varias razones más, la ANC de la fiscalía inició una serie de investigaciones a estos magistrados que se creían poderosos e intocables. Eran los super fiscales que podían hacer, literalmente, lo que les daba la gana. Esto cambió e iniciaron una cacería de brujas contra Juan Antonio Fernández Jerí, el jefe de sus colegas que los investigan.
Sucesión de versiones
IDL-Reporteros fue el primer portal que el 21 de enero último habló de los audios. Citaron al fiscal José Domingo Pérez, quien informó de ellos en una reunión que le organizaron con la Misión de Alto Nivel del Grupo de Anticohecho de la OECD de visita en Lima. Según el medio que dirige Gustavo Gorriti, Pérez les dijo a los visitantes que querían sacarlo del caso “Cócteles” y que los audios los tenía Delia Espinoza y no había hecho nada.
El viernes 31 de enero, la revista Hildebrandt en sus trece publicó una extensa nota titulada “El audio K” introduciendo en la trama a Karelim López, la colaboradora eficaz convertida en agende del Eficcop apodada “Hashy”. Según esta versión, López habría intentado entregar cuatro audios que incriminaban a Fernández Jerí en un supuesto complot contra Pérez. Decía la nota firmada por Américo Zambrano que el fiscal supremo adjunto Marcial Páucar no quiso recibir los audios exigiendo la fuente de origen y el protocolo forense. El vocero del Ministerio Público, Víctor Cubas Villanueva, salió a desmentir la versión e institucionalmente se tachó a la nota de H13 como falsa en la cuenta oficial de fiscalía en X (Twitter). Los supuestos complotadores Juan Fernández Jerí y Christian Salas Beteta negaron tajantemente haber intercambiado cualquier tipo de comunicación, dijeron no conocerse el uno al otro e incluso Salas contó que, cuando fue procurador, había denunciado a Fernández Jerí.
Pero, la teoría del complot siguió. Unas semanas después, el 31 de marzo, la reportera Doris Aguirre de La República publicó hasta dos “reportajes especiales”. Insistió en la teoría conspiranoica, sacó de la ecuación a Karelim López y su esfuerzo desmedido por colocar a Marita Barreto como otra de las víctimas de la ANC fue más que evidente. En su segunda entrega se atrevió a publicar la transcripción de los audios resaltando una frase atribuida a Fernández Jerí: “Si no ayudas, yo solo no voy a remar, hermano”. Era la transcripción de un audio que nadie había escuchado, que no se atrevían a publicar, que no estaba en poder de fiscal alguno y que sus supuestos protagonistas negaban reiteradamente. En el programa Contracorriente de Willax TV, que dirijo, creamos un audio con la supuesta voz de Fernández Jerí usando la transcripción de La República. Solo era un ejercicio para demostrar que eso es perfectamente posible y que los periodistas deberíamos estar alertas ante filtraciones de dudosa procedencia.
“Era la transcripción de un audio que nadie había escuchado, que no se atrevían a publicar, que no estaba en poder de fiscal alguno y que sus supuestos protagonistas negaban reiteradamente. Hasta que fueron publicados en Latina”.
Hasta que el domingo 18 de mayo Christopher Acosta, jefe de la Unidad de Investigación de Latina, publicó los cuatro audios señalando que se trataba de mensajes de voz enviados por el chat de WhatsApp por Juan Fernández Jerí al entonces abogado de Fuerza Popular Christian Salas. Sin embargo, nunca se escuchó a Salas y la voz del jefe del ANC se oía robótica, pulcra, sin inflexiones, como si alguien leyera un guion. Muy parecida al audio que generamos en IA en Contracorriente. Según Acosta, los audios habían sido entregados por un “testigo protegido” a la fiscalía, quien reiteró que se trataba de una comunicación entre los sospechosos comunes que complotaban contra los tres todopoderosos fiscales Vela, Pérez y Barreto. A las pocas horas, Batman y Robin, que es como se les conoce a Rafael Vela y José Domingo Pérez en la fiscalía, iniciaron un roadshow en sus medios amigos para despotricar contra Fernández Jerí usando adjetivos de grueso calibre y pidiendo a gritos que Delia Espinoza le cortase la cabeza de inmediato, ignorando que su cargo depende única y exclusivamente de la Junta Nacional de Justicia. Aunque la reacción inmediata del Ministerio Público fue el silencio, el jueves 22 el vocero Víctor Cubas Villanueva en RRP desmintió a Latina. Sostuvo enfáticamente que los audios nunca habían sido entregados al fiscal supremo adjunto Hernán Mendoza Salvador, que no existía “testigo protegido” alguno. Tampoco había acta de entrega del audio, como se aseguró en el reportaje. Sobre una falacia se orquestó una campaña mediático-psicosocial contra el jefe de la ANC.
La teoría del caso
Según esta campaña contra Fernández Jerí había en marcha un supuesto complot de los fujimoristas para sacar del caso “Cócteles” al fiscal José Domingo Pérez. Sin embargo, los abogados de varios de los investigados, como Humberto Abanto, por ejemplo, han pedido públicamente que no lo remuevan del caso. Que, para ellos, la presencia de Pérez es garantía de que la investigación va a naufragar, como lo viene haciendo en los ocho años que lleva. La sentencia del Tribunal Constitucional a favor del abogado Arsenio Oré Guardia ha provocado un efecto en cascada, devolviendo el proceso a la etapa intermedia, retrocediendo cuatro años en la investigación. Esto por responsabilidad exclusiva del vehemente, errático e irresponsable Pérez Gómez. No hace falta que los fujimoristas hagan algo para que el fiscal Pérez fracase. Él es el principal complotador del caso “Cócteles” por su falta de rigor jurídico, por su fanatismo e inquina contra los investigados y su exacerbado egocentrismo que lo lleva a buscar más las cámaras y los flashes de la prensa que la carga de la prueba en un caso tan importante para la política peruana. Vela, Pérez y los periodistas que los defienden sostienen que Fernández Jerí los ha suspendido. Falso. No es el jefe de la ANC el que ha pedido medidas cautelares de separación, son los fiscales que investigan cada caso en particular. Tanto no tiene que ver Fernández Jerí que a José Domingo Pérez lo apartaron cautelarmente de sus funciones por seis meses, él apeló a la segunda instancia de la misma ANC, y le revocaron la medida por considerarla desproporcionada. En todo eso nada tuvo que ver el estigmatizado jefe.
“Insistió en la teoría conspiranoica, sacó de la ecuación a Karelim López y su esfuerzo desmedido por colocar a Marita Barreto como otra de las víctimas de la ANC fue más que evidente”.
La otra protagonista recurrentemente introducida en esta trama es la fiscal provincial Marita Barreto Rivera, apartada cautelarmente de sus funciones por nueve meses e investigada, no solo en la ANC, sino también en fiscalías supremas y superiores por diversos cargos, como enriquecimiento ilícito y delitos contra la administración de justicia. Dice esta campaña, que parece un muñeco armado en la Diviac de Colchado y Lozano, que los fujimoristas también complotaron contra Marita Barreto porque ella se tumbó a Patricia Benavides. Argumento risible. Si se sabe que la “Operación Valkiria” que provocó la caída de Benavides fue una empresa planeada por el gobierno de turno, a través de Alberto Otárola, el fujimorismo con su “Agente Roberto” que, según Yaziré Pinedo es la congresista Martha Moyano, y la fiscal Barreto que ya había sido despedida del cargo de coordinadora del Eficcop. Se juntaron el hambre y la necesidad. El gobierno sabía que Benavides iba a denunciar a Dina Boluarte por los 49 muertes atribuidas a las fuerzas de seguridad, Otárola tenía varias investigaciones penales por sus amigas favorecidas con puestos públicos y el Eficcop, con Barreto y Colchado a la cabeza, tenían 10 días para despedirse del puesto. En el caso del fujimorismo, Martha Moyano se comprometió a entregar sus mensajes incriminatorios vía WhatsApp con Jaime Villanueva, el poderoso asesor de Patricia Benavides, a cambio que el gobierno le abra las puertas de la cárcel a Alberto Fujimori. Era conocido que al patriarca de los Fujimori se la había diagnosticado un cáncer terminal y Keiko Fujimori, que se había opuesto a su indulto y excarcelación, al punto de denunciar a su hermano Kenji, no quería cargar con el peso de dejar morir a su padre en una celda de la Diroes. Todo indica que el “Agente Roberto” actúo con autorización de la presidenta de su partido. Entonces, cómo se puede sostener que los fujimoristas van a complotar contra Barreto si fueron sus socios en “Valkiria”.
El rigor periodístico
Christopher Acosta, el jefe de la Unidad de Investigación de Latina es, además, coordinador de la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación – Colpin, evento organizado todos los años por IPYS que, se supone, reúne al sumo del periodismo de investigación en la región, quienes van al evento a exponer sus grandes descubrimientos y hazañas desmantelando los tentáculos de la corrupción. Acosta acaba de publicar un reportaje con, por lo menos, tres falencias insalvables: 1. Publicó cuatro audios sin tener un peritaje que establezca fehacientemente que es la voz de Fernández Jerí y no una generada por Inteligencia Artificial, como lo han señalado después de su publicación varios peritos calificados como Jorge Vera Valcárcel y Daniela Vera Barria, quienes sostienen que al 81% esos audios, analizados por un software especial, habrían sido creados con IA. 2. Sostuvo, faltando a la verdad, que los audios ya estaban en poder del Ministerio Público, entregados por un “testigo protegido” el que había contado detalles del supuesto complot contra los fiscales. También información falsa, desmentida por el vocero Cubas Villanueva. 3. Insistió en la versión de que el interlocutor de Fernández Jerí era el exabogado de Fuerza Popular Christian Salas sin tener una sola evidencia de ello. Todo lo contrario, Salas reiteradamente había negado tal comunicación y hasta hoy no se ha escuchado sus respuestas en el supuesto intercambio de mensajes de voz con el jefe de la ANC.
La pregunta es obvia: ¿por qué un periodista de investigación con experiencia, que año a año se codea con los más grandes exponentes de la investigación periodística de la región, de los que, se supone, aprende métodos y practicas rigurosas, se presta para un evidente muñeco del Eficcop en la sombra, y arrastra en su irresponsabilidad al medio en el que trabaja? Una de las respuestas puede ser que le debe mucho a esa fuente y no quiere perder el flujo de la información que le provee. Una buena idea de autorregulación podría ser que, en el próximo Colpin, a desarrollarse en octubre en Buenos Aires, los sesudos colegas investigadores puedan analizar el reportaje de Acosta. A ver qué opinan.
El “Método Eficcop”
Lo que ha demostrado esta cantaleta de los supuestos audios del complot contra fiscales es que todavía los todopoderosos e intocables fiscales, protegidos por un sector de las ONG y la prensa del “Club de la Filtración”, sigue ostentando poder al grado de presionar a la Fiscal de la Nación para que haga lo que le exigen. Ellos, los fiscales poderosos (Vela, Pérez y Barreto) no aceptan ningún tipo de fiscalización, ni de la prensa ––a la que quieren empapelar o denuncian penalmente por delitos inventados como acoso o resistencia a la autoridad–– ni de su propia institución a través de la ANC, a cuyo jefe están acusado de todos los delitos. Pero solo cometió uno: atreverse a investigar a fiscales que hace rato han politizado sus funciones e instrumentalizan sus prerrogativas para intereses personales (aumentar considerable e inexplicablemente su patrimonio) o fines políticos inconfesables. Al Eficcop que dirigía Barreto se le ha acusado de extorsión, por exigir un cuarto de millón de dólares a través del abogado Umberto Jara, a la empresaria Mirtha Gonzáles Yep. De esto hay audios categóricos con peritaje imparcial que los respalda. Hoy, si somos menos ilusos, podemos hablar de una verdadera organización criminal que está generando falsas pruebas (falsedad documental) para forzar investigaciones penales sin sustento (fraude procesal) con intereses, jerarquías y roles claramente establecidos (crimen organizado). Sería terrible que, quienes tenían que investigar el delito, se hayan pasado para el otro lado. Pero para un sector de la prensa, que dos fiscales emblemáticos de la supuesta lucha contra la corrupción, tengan casas de medio millón de dólares no es noticia. No merece siquiera un pedido de investigación.
Todo esto es una pésima noticia para el periodismo de investigación.
* Autor del libro “El perfil del Lagarto”.