El candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, presentó un recurso formal ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tras las incidencias registradas durante la jornada electoral del pasado 12 de abril en Lima Metropolitana, donde —según su equipo— se habría vulnerado el derecho al voto de más de 600 mil ciudadanos.
El documento sostiene que las fallas operativas, principalmente retrasos en la instalación de mesas y problemas logísticos en la distribución de material electoral, impidieron que aproximadamente 608,000 electores pudieran sufragar en la capital.
Aumento del ausentismo electoral
De acuerdo con el análisis presentado por la agrupación política, el impacto de estas irregularidades se reflejó en un incremento significativo del ausentismo electoral en Lima Metropolitana.
Según las cifras expuestas, la tasa de ausentismo pasó de 13.35% en un proceso regular como el de 2016 a 20.14% en las Elecciones Generales 2026, lo que representa una diferencia de 6.79 puntos porcentuales atribuida directamente a las deficiencias registradas durante la jornada.
Este aumento, advierte el recurso, no responde a factores habituales de abstención, sino a limitaciones estructurales que habrían impedido el ejercicio del derecho al voto.
Solicitan evaluación del proceso electoral
En ese contexto, el recurso solicita al Jurado Nacional de Elecciones que evalúe los hechos dentro del marco legal vigente, con el objetivo de garantizar la transparencia del proceso electoral y la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Asimismo, se busca que se determinen responsabilidades frente a las fallas detectadas, en medio de cuestionamientos al desempeño de los organismos electorales durante los comicios.
Acciones políticas tras la jornada electoral
La presentación de este recurso forma parte de una serie de acciones impulsadas por Renovación Popular tras los problemas registrados el día de la votación, especialmente en Lima Metropolitana, donde se reportaron retrasos en la instalación de mesas y dificultades en el despliegue del material electoral.
Desde el entorno del candidato, se ha señalado que continuarán promoviendo medidas legales y políticas para que se respete la voluntad ciudadana y se eviten nuevas vulneraciones en futuros procesos electorales.
Debate sobre garantías del voto ciudadano
El caso abre un nuevo frente de debate sobre la capacidad del sistema electoral para garantizar condiciones adecuadas en jornadas de alta complejidad, así como sobre la responsabilidad de las instituciones encargadas de organizar los comicios.
Mientras tanto, el Jurado Nacional de Elecciones deberá evaluar el recurso presentado y determinar si corresponde adoptar medidas dentro de sus competencias.