Durante su participación en el tercer día de CADE Ejecutivos 2025, el precandidato presidencial Rafael López Aliaga presentó una serie de propuestas contundentes que marcarían un giro radical en la política peruana, destacando su intención de retirar inmediatamente a Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). El líder de Renovación Popular también abogó por el retorno a un Congreso unicameral y la implementación de jueces sin rostro, entre otras medidas, en el bloque electoral del evento empresarial.
López Aliaga fue enfático al cuestionar la labor de la Corte IDH, a la que calificó de “Corte de Derechos Inhumanos”, argumentando que es un foro donde “ganan solamente los defensores de terrucos y de sicarios”. Sostuvo que el país debe desvincularse de este organismo internacional, al considerar que favorece a personas implicadas en delitos graves, lo que, a su juicio, deslegitima su función. El precandidato sugirió que esta decisión podría ejecutarse mediante una cuestión de confianza o ser sometida a un referéndum nacional, generando un debate inmediato en el foro empresarial de alcance nacional.
En el mismo evento, el exalcalde de Lima expresó su firme propósito de revertir la reforma que restablece la bicameralidad a partir de julio de 2026, buscando así el regreso a un sistema de Congreso unicameral. Adicionalmente, propuso una reforma en la remuneración de los congresistas, planteando que sus sueldos se basen en el promedio de sus ingresos de los últimos cinco años. Con esta medida, López Aliaga busca evitar que el Legislativo sea visto como un “premio consuelo” o una vía para obtener beneficios económicos desproporcionados, enfatizando que el servicio parlamentario debe ser un acto de sacrificio.
El precandidato también abordó la necesidad de una reforma integral del sistema de justicia. En este sentido, respaldó la implementación de jueces sin rostro, especialmente en la lucha contra la criminalidad organizada y el terrorismo. Afirmó que este sistema ha demostrado eficacia en otras naciones y que la actual situación de violencia en Perú, ejemplificada con casos recientes de atentados con granadas, justifica la adopción de medidas judiciales excepcionales que resguarden la identidad de los magistrados.
Respecto al sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), López Aliaga criticó el modelo vigente, señalando que se ha desvirtuado. Su propuesta consiste en permitir que los trabajadores retiren sus fondos libremente y los depositen en bancos sin el cobro de comisiones, tomando como referencia el sistema implementado en Estados Unidos. Subrayó que esta iniciativa busca fomentar la libertad individual del ciudadano para decidir sobre sus aportes y generar mayor competencia en el sector financiero para reducir los costos de administración.
Otras propuestas y aclaraciones
Durante el panel posterior a su exposición, López Aliaga fue interpelado sobre presuntos vínculos entre su partido político y operadores de la minería ilegal. El precandidato rechazó categóricamente estas acusaciones, afirmando que está dispuesto a pagar una suma económica si se le demuestra la afiliación de mineros ilegales a su agrupación. Mencionó haber detectado irregularidades internas que llevaron al retiro de un dirigente específico, buscando así deslindar cualquier conexión con actividades ilícitas dentro de su organización.
Dirigiéndose al presidente del Congreso, José Jerí, López Aliaga solicitó que se recurra al Tribunal Constitucional para abordar temas tributarios pendientes. Advirtió sobre lo que denominó una “bomba atómica de compromisos económicos” que podría heredar el próximo gobierno si no se corrigen ciertas iniciativas legislativas con impacto fiscal. Argumentó que el Parlamento, al tener iniciativa de gasto, puede y debe actuar para prevenir un futuro deterioro de las cuentas públicas.
Finalmente, el líder de Renovación Popular criticó la brecha salarial en el sector público, poniendo como ejemplo el caso de la presidenta Dina Boluarte, quien, según él, experimentó un incremento salarial considerable al pasar de RENIEC a la Presidencia de la República. Planteó la necesidad de revisar y regular este tipo de aumentos para asegurar la coherencia en la administración estatal, enfatizando que la función pública debe asumirse con responsabilidad y transparencia, y no como una vía para obtener beneficios desproporcionados. Sus declaraciones marcaron el último día del bloque electoral del foro empresarial.